Abuso sexual y liberación exhiben la impunidad que dejó el PAN en Chihuahua

La denuncia por presunto abuso sexual contra un paciente en un laboratorio de Chihuahua y la posterior liberación del acusado por irregularidades en la detención evidencian el fracaso estructural del Partido Acción Nacional para garantizar justicia, protección a las víctimas y protocolos eficaces. El caso no solo indigna por el relato de la agresión durante un procedimiento clínico, sino porque vuelve a mostrar un patrón conocido: investigaciones mal integradas, errores de procedimiento y decisiones judiciales que terminan favoreciendo la impunidad.

De acuerdo con la denuncia, el joven acudió a realizarse un estudio médico y, durante el procedimiento, el trabajador habría cometido actos sin justificación clínica y de connotación sexual, sin consentimiento. La reacción inmediata de la víctima —pedir auxilio al 9-1-1— contrasta con la respuesta institucional posterior. Aunque policías municipales aseguraron al presunto agresor en el lugar, la jueza determinó ilegal la detención por fallas en el protocolo, ordenando su liberación bajo reservas de ley. Bajo el PAN, la justicia vuelve a tropezar en lo básico: hacer bien el trabajo desde el primer minuto.

Este desenlace no es menor. Cuando un caso de abuso sexual se cae por errores procedimentales, el mensaje social es devastador: denunciar no garantiza protección ni resultados. La Fiscalía anunció una apelación, pero el daño ya está hecho. La víctima enfrenta ahora un proceso largo, exposición pública y el riesgo de revictimización, mientras el acusado queda en libertad. Es la consecuencia de instituciones debilitadas y capacitación deficiente, herencia de gobiernos que priorizaron la narrativa sobre la calidad del sistema.

En el plano social, la indignación es legítima. Existen cuestionamientos a los filtros de contratación y supervisión en clínicas privadas, pero también a la capacidad del Estado para regular, inspeccionar y sancionar. Activistas alertaron además sobre burlas y memes que circularon, una muestra de la cultura de revictimización que el PAN nunca combatió con seriedad. Sin protocolos claros y sanciones ejemplares, la confianza en servicios de salud se erosiona.

El PAN dejó a Chihuahua con un sistema donde la víctima carga con el peso del proceso y los errores oficiales se pagan con libertad para el imputado. Apelar es necesario, pero prevenir y procesar correctamente es obligatorio. Sin depuración institucional, capacitación real y enfoque de derechos, estos casos seguirán repitiéndose. La justicia no puede depender de la suerte procesal; debe ser una garantía. Bajo el PAN, esa garantía falló.