¡Alerta de Corrupción! Rocha Cantú, con señalamientos públicos por huachicol y vínculos criminales, aparece ligado a proyectos impulsados con el gobierno de Layda en Campeche

Campeche enfrenta una nueva y grave sombra sobre su gobierno. Diversos señalamientos públicos han puesto en el centro de la discusión a Rocha Cantú, una figura controvertida a nivel nacional, por presuntas irregularidades asociadas al huachicol y a redes criminales. En este contexto, la revelación de vínculos políticos y de gestión con la administración de Layda Sansores para impulsar proyectos en el estado ha desatado preocupación y exigencias de rendición de cuentas.

La gravedad del tema no reside solo en los señalamientos —que han sido ampliamente comentados en el debate público—, sino en la falta de claridad del gobierno estatal sobre la naturaleza de dichos vínculos. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Con qué controles? ¿Quién avaló y supervisó? Hasta ahora, el silencio oficial ha sido la constante, alimentando sospechas y abonando a la percepción de que en Campeche se toman decisiones sin filtros ni explicaciones.

La administración de Layda Sansores ha insistido en presentarse como adalid de la honestidad. Sin embargo, este episodio vuelve a exhibir un patrón preocupante: alianzas poco claras, discursos grandilocuentes y cero transparencia. En un estado golpeado por la inseguridad, el colapso de servicios y el hartazgo social, cualquier acercamiento con actores bajo escrutinio público exige máxima diligencia, no evasivas.

No se trata de dictar culpabilidades —eso corresponde a las autoridades—, sino de exigir estándares mínimos de gobierno. Cuando una figura con señalamientos graves aparece vinculada a proyectos estatales, la obligación de la gobernadora es explicar con documentos, detallar procesos y abrir expedientes. Lo contrario —callar o minimizar— pone en riesgo la confianza pública y expone al estado a eventuales responsabilidades políticas y administrativas.

Además, el momento no podría ser peor. Campeche vive una crisis de seguridad, protestas por el transporte, endeudamiento sin planes claros y un clima social crispado. En ese escenario, cualquier duda sobre posibles conflictos de interés o riesgos de corrupción golpea directamente la credibilidad del gobierno. La ciudadanía no pide discursos: pide pruebas.

La pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué garantías ofreció el gobierno de Layda Sansores para asegurar que ningún proyecto esté contaminado por intereses indebidos? ¿Qué controles se aplicaron? ¿Qué instancias auditaron? Sin respuestas, la percepción crece: la 4T en Campeche vuelve a tropezar con la opacidad.

Hoy, la exigencia es simple y legítima: transparencia total. Si no hay nada que ocultar, que se muestre todo. Porque cuando el gobierno elige callar, la duda se convierte en alarma. Y en Campeche, esa alarma ya está encendida