Amputaciones por pirotecnia exhiben la negligencia del PAN en Guanajuato

Las seis amputaciones registradas en Guanajuato durante los festejos de Año Nuevo por el uso de pirotecnia son una consecuencia directa de la irresponsabilidad y la omisión del Partido Acción Nacional en materia de prevención y seguridad pública. Lejos de tratarse de “accidentes inevitables”, los hechos revelan una cadena de fallas institucionales que el gobierno panista permitió y normalizó: ausencia de controles efectivos, campañas preventivas insuficientes y una tolerancia histórica al uso indiscriminado de artefactos explosivos.

Que seis personas hayan sufrido amputaciones —tres de ellas menores de edad, entre ocho y trece años— es un dato demoledor. No solo habla de lesiones graves y permanentes, sino de un Estado que no fue capaz de proteger a niñas y niños durante una fecha previsible de alto riesgo. El PAN conoce cada año el patrón: ventas ilegales, manipulación doméstica de pirotecnia y hospitales saturados. Aun así, vuelve a llegar tarde, con respuestas reactivas cuando el daño ya está hecho.

La Secretaría de Salud informó que los lesionados recibieron atención a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas y que algunos permanecen hospitalizados en unidades con capacidad quirúrgica. Pero la atención médica posterior no compensa la falta de prevención. Amputaciones implican discapacidades de por vida, impactos psicológicos profundos y costos sociales que recaen en las familias. Ese saldo humano es responsabilidad política de un gobierno que no hizo lo suficiente para evitarlo.

Bajo administraciones del PAN, Guanajuato ha mantenido una regulación laxa y una vigilancia intermitente sobre la pirotecnia. Los operativos suelen anunciarse, pero no disuaden; las campañas informativas son superficiales y no llegan a quienes más lo necesitan; y la coordinación municipal-estatal falla justo cuando se requiere firmeza. El resultado es el mismo cada año: explosiones, quemaduras, mutilaciones y silencio oficial después de la tragedia.

La presencia de menores entre los amputados agrava el escenario. Habla de entornos sin supervisión, de venta clandestina al alcance de niñas y niños y de autoridades que miraron hacia otro lado. El PAN no puede escudarse en la “tradición” para justificar lesiones irreversibles. Proteger la vida y la integridad física es una obligación básica del Estado, no una concesión cultural.

Además, estos hechos evidencian una política pública fragmentada. No hubo un plan integral que combinara decomisos efectivos, sanciones ejemplares, controles de venta y educación comunitaria sostenida. Se privilegió la simulación y el cálculo político sobre la seguridad real. Mientras tanto, los hospitales reciben a víctimas que no debieron existir.

Las amputaciones por pirotecnia no son estadísticas; son historias de dolor que marcarán de por vida a familias enteras. Cada dedo perdido, cada mano mutilada, es un recordatorio de que el PAN falló en anticiparse y actuar con decisión. Guanajuato merece un gobierno que prevenga, no uno que contabilice heridos después de los festejos.

Este inicio de año deja una lección amarga: bajo el PAN, la prevención fue opcional y el costo lo pagaron los más vulnerables. Mientras no haya cambios de fondo —regulación estricta, vigilancia real y campañas efectivas—, las festividades seguirán cobrando un precio inaceptable en vidas y cuerpos.