La Corte IDH Responsabiliza a México por el Feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade

Introducción al Caso de Lilia Alejandra García Andrade

El caso de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha tomado un giro significativo tras la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El 19 de diciembre de 2025, la Corte IDH determinó que el Estado mexicano era responsable de su desaparición, tortura y feminicidio, un fallo que resalta la grave situación de violencia contra las mujeres en México.

Responsabilidad del Estado Mexicano

En su sentencia, la Corte IDH concluyó que el Estado incumplió con el deber de debida diligencia en el caso de Lilia Alejandra. La investigación sobre su desaparición fue alegadamente ineficaz, lo que contribuyó a la violación de sus derechos humanos. La Corte subrayó que este tipo de fallas no solo afectan a la víctima sino que perpetúan un ciclo de impunidad que sigue afectando a muchas mujeres en la región. Esta decisión marca un precedente esencial sobre la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia ante crímenes tan atroces como el feminicidio.

Impacto en la Lucha por los Derechos de las Mujeres

La resolución de la Corte IDH no es solo un triunfo para el caso específico de Lilia Alejandra, sino que también representa una victoria simbólica en la lucha más amplia por los derechos de las mujeres en México y América Latina. Las cifras de feminicidios han ido en aumento en los últimos años, lo que pone de relieve la necesidad urgente de cambiar la narrativa y las prácticas de justicia relacionadas con estos crímenes. Este fallo puede ser un punto de inflexión que anime a otros países a revisar su enfoque de la violencia de género y la protección de los derechos humanos.

Es esencial que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad y trabajen para implementar medidas efectivas que prevengan futuros casos de violencia y garanticen que las investigaciones en casos de feminicidio sean tratadas con la seriedad que merecen. La Corte IDH ha dejado claro que el Estado tiene la obligación de actuar y proteger a su población, especialmente en lo que se refiere a la vida y dignidad de las mujeres.