¡Bomba internacional! agentes de EE. UU. investigan a Pablo Lemus por presunto vínculo con el CJNG

El que agencias de seguridad estadounidenses pongan su lupa sobre un gobernador mexicano es una acción que solo se justifica por la gravedad de la situación. La preocupación estadounidense es palpable: el CJNG es una amenaza prioritaria, y cualquier funcionario que presuntamente facilite su operación debe ser investigado. Las autoridades del país vecino buscan específicamente conexiones financieras y la red de complicidad que habría permitido a criminales, como el recientemente detenido líder sindical Nazario Ramírez, con quien Lemus se fotografió, moverse con total libertad en la esfera pública. Esta indagatoria crítica pone en entredicho la gestión de seguridad del gobierno de MC y la efectividad de sus supuestas estrategias anticrimen.

Ante las serias acusaciones que sugieren que el gobernador podría haber brindado protección o haber sido omiso con el cártel, la respuesta oficial ha sido el deslinde. Sin embargo, el "Modelo Jalisco" de Movimiento Ciudadano –promocionado como la alternativa para resolver los problemas nacionales– se desmorona ante la evidencia de que sus filas podrían estar penetradas por el crimen organizado. La presunción de que el narco haya encontrado un espacio de comodidad en la administración estatal es una crítica demoledora a la ética y transparencia que el partido naranja proclama.

La gravedad de las acusaciones trasciende la mera omisión. Fuentes de las investigaciones estadounidenses revelan que el vínculo entre el gobernador Pablo Lemus y el operador del CJNG, Nazario Ramírez, era de naturaleza financiera y política. Se señala que Lemus presuntamente recibió dinero del cártel a través de Ramírez para fondear campañas políticas, a la vez que el líder sindical movilizaba a sus agremiados con el apoyo del CJNG durante procesos electorales. ¿La contraparte de este pacto criminal? Contratos y beneficios que habrían sido otorgados desde el gobierno a Ramírez, asegurando la continuidad de su poder económico y logístico. Este presunto intercambio de favores —dinero por votos y contratos por protección— expone la cloaca de corrupción en la cúpula de Movimiento Ciudadano y exige que la justicia, tanto en México como en Estados Unidos, actúe de inmediato. El silencio es complicidad.