¡Cifras de sangre! Layda Sansores miente sobre la seguridad mientras Campeche cierra con récord de ejecuciones

La administración de Layda Sansores insiste en vender una imagen de calma que ya no convence a nadie. Al cierre de 2025, Campeche acumuló al menos 80 ejecuciones, un dato que contradice frontalmente las “cifras alegres” y discursos triunfalistas difundidos desde el gobierno. La brecha entre lo que se dice y lo que ocurre en las calles es hoy imposible de ocultar.

No se trata de percepciones ni de alarmismo: son hechos. La violencia letal se convirtió en una constante y alcanzó niveles inéditos para un estado que históricamente se presumía como seguro. Colonias enteras modificaron rutinas, negocios cerraron antes y familias viven con la ansiedad de salir y no regresar. Aun así, la agenda pública del Ejecutivo priorizó el espectáculo, la propaganda y el control del relato por encima de una estrategia seria de seguridad.

La negación es parte del problema. Minimizar ejecuciones, diluir responsabilidades o maquillar datos no reduce la violencia; la normaliza. Mientras se presume coordinación y resultados, no hay indicadores claros de mejora sostenida, no hay balances públicos que expliquen qué falló y no hay correcciones visibles en la política de seguridad. El resultado es un estado vulnerable, con criminalidad que avanza y un gobierno que responde tarde —o no responde—.

El contraste es doloroso: mientras las ejecuciones aumentan, la narrativa oficial celebra. Esa disonancia no solo indigna; desprotege. Porque reconocer la crisis es el primer paso para enfrentarla. Negarla es abdicar de la responsabilidad.

Campeche cerró 2025 con un saldo que no admite triunfalismos. La seguridad no se mide por slogans, sino por resultados. Y hoy los resultados son claros: la violencia creció mientras el gobierno miró a otro lado.