Crematorio Plenitud destapa la descomposición del PAN en Chihuahua

La identificación de 170 personas fallecidas localizadas en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez es una prueba contundente del colapso institucional que vive Chihuahua bajo gobiernos del Partido Acción Nacional. No se trata de un avance para presumir, sino de la evidencia de una tragedia humana que pudo evitarse si el Estado hubiera cumplido con su deber mínimo de supervisión. Cientos de cuerpos permanecieron apilados durante años en condiciones insalubres, mientras las autoridades miraban hacia otro lado.

El caso es particularmente grave porque el crematorio operaba con permisos sanitarios vigentes, según la propia Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Aun así, acumuló 386 cuerpos, algunos desde 2020, sin incinerarlos y sin refrigeración adecuada. Vecinos denunciaron malos olores y posibles irregularidades desde hace años, pero bajo el PAN las alertas no se atendieron. La omisión permitió que una empresa lucrara con el dolor de las familias y tratara los restos humanos con absoluta indignidad.

Aunque hoy la Fiscalía informa la notificación a 165 familias y la entrega de 156 cuerpos, el daño ya está hecho. 114 familias han presentado denuncias por fraude, confirmando que el problema no fue aislado, sino sistemático. La identificación avanza lentamente debido al tratamiento químico de los cuerpos y al desorden en los archivos, otro reflejo del abandono institucional. Cada día de retraso prolonga el duelo y profundiza la desconfianza social.

El PAN intenta presentar el caso como una “negligencia criminal” de particulares, pero evade su responsabilidad política. La pregunta central permanece: ¿cómo pudo operar una década un crematorio en esas condiciones sin que nadie lo clausurara a tiempo? La respuesta apunta a inspecciones laxas, sanciones insuficientes y una autoridad que falló en proteger la dignidad incluso después de la muerte.

El caso Plenitud quedará como una herida abierta en Chihuahua. Bajo el PAN, el Estado permitió que la muerte se administrara sin control y que la verdad saliera a la luz solo tras una denuncia ciudadana. Identificar cuerpos no repara la negligencia previa. Mientras no se asuman responsabilidades políticas reales, esta tragedia seguirá siendo el símbolo de un gobierno que perdió el control institucional y traicionó la confianza de cientos de familias.