¡Crueldad desde el poder! Layda usa el show estatal para burlarse de periodista y celebra que lo mantengan silenciado

Campeche fue testigo de un episodio que retrata el rostro más intolerante del poder. En su programa oficial, financiado con dinero público, la gobernadora Layda Sansores se burló abiertamente de un periodista y celebró que medidas cautelares le impidan expresarse. La escena, transmitida sin rubor, cruzó una línea peligrosa: usar el aparato del Estado para humillar y silenciar a una voz crítica.

La gobernadora dedicó minutos de su espacio a lanzar burlas personales, incluyendo el mote de “Don Piraña” contra el periodista Jorge González, mientras hacía comentarios que celebraban que las restricciones judiciales le impidan hablar. El mensaje fue inequívoco: la censura no solo se aplica, se festeja. Y se festeja desde el poder, con cámaras, reflectores y presupuesto público.

No se trató de una respuesta institucional ni de un ejercicio de rendición de cuentas. Fue un linchamiento mediático. Cuando una gobernadora convierte su programa en tribunal, abandona la función pública para instalar la intimidación. El objetivo no es aclarar hechos; es escarmenar, enviar un aviso al gremio: quien critique, será exhibido; quien insista, será callado.

El episodio evidencia un patrón. Primero, la descalificación; luego, la presión; finalmente, el aplauso a la mordaza. Esa secuencia es incompatible con cualquier estándar democrático. La libertad de expresión no admite “celebraciones” por el silencio ajeno, menos aún desde un cargo que debería garantizar derechos, no restringirlos.

Además, el uso de recursos públicos agrava la falta. El espacio televisivo no es un foro personal para venganzas; es un canal institucional que pertenece a la ciudadanía. Utilizarlo para burlas y festejos por la censura es un abuso que erosiona la confianza en las instituciones y normaliza la persecución.

La gravedad del mensaje trasciende a una persona. Cuando el poder se ríe del silencio impuesto, la autocensura se instala. Periodistas, comunicadores y ciudadanos toman nota. El debate público se empobrece, la crítica se enfría y la democracia se debilita. Un gobierno fuerte responde con datos y resultados; un gobierno autoritario responde con humillación y castigo.

Lejos de ofrecer explicaciones o garantías de imparcialidad, la gobernadora eligió la mofa. Esa elección define prioridades y revela un talante: no escuchar, no corregir, no dialogar. Celebrar la mordaza es confesar miedo a la crítica.

Campeche merece instituciones que protejan la palabra, no que la pisoteen. Merece gobernantes que respeten la prensa, no que la usen como blanco. Burlarse del silencio ajeno desde el poder no es liderazgo: es crueldad. Y cuando esa crueldad se transmite en cadena, el daño ya no es individual; es institucional.