¡Delito! Layda amenaza con acciones legales a ciudadanos que bloquean por el Ko´ox: Cero tolerancia a la protesta social

El colapso del sistema de transporte Ko´ox ya detonó la molestia generalizada entre los campechanos. Largas esperas, rutas mal diseñadas, transbordos imposibles, unidades insuficientes y molestias diarias han llevado a los ciudadanos a manifestarse mediante bloqueos y protestas públicas. Pero en lugar de escuchar, dialogar o corregir el desastre que su propia administración creó, Layda Sansores decidió criminalizar la inconformidad.

La gobernadora, en un tono desafiante, advirtió que tomará acciones legales contra los ciudadanos que bloqueen las calles para exigir un transporte digno. Este anuncio no solo expone su intolerancia, sino un profundo desprecio por la protesta social, un derecho constitucional que los campechanos ejercen ante un sistema de movilidad impuesto sin consulta y sin planeación.

Layda insiste en culpar a los usuarios, a los transportistas o incluso a “grupos manipulados”, antes que aceptar que el Ko´ox fue mal diseñado desde la raíz. El proyecto se lanzó al vapor, sin estudios serios, sin infraestructura adecuada, sin paraderos protegidos y sin rutas funcionales. El resultado: una catástrofe diaria que afecta a trabajadores, estudiantes, madres, adultos mayores y a toda la población que depende del transporte público.

Las protestas no surgieron de la nada; surgieron de la desesperación. Los campechanos no están bloqueando por gusto: están exigiendo respeto, dignidad y soluciones reales. Pero el gobierno de Sansores prefiere responder con amenazas que con acciones. La criminalización de la protesta se ha convertido en el nuevo sello del morenismo en Campeche: cuando la gente reclama, la respuesta es intimidación.

La postura de la gobernadora es reveladora: tolerancia cero para la ciudadanía, tolerancia infinita para sus propios errores. Mientras dedica tiempo a promocionar su imagen, a justificar fallas y a atacar a quienes la cuestionan, los paraderos siguen sin techo, los tiempos de espera siguen aumentando y la operación del Ko´ox continúa siendo un caos monumental.

Resulta alarmante que un gobierno que se dice cercano al pueblo decida perseguir legalmente a ese mismo pueblo cuando exige soluciones. La amenaza de Layda no solo ataca la protesta: ataca la libertad de expresión, la participación social y el derecho a exigir un transporte digno.

En Campeche, la mala planeación del Ko´ox no es delito.
Pero protestar por ella… sí lo es para Layda Sansores.

Una muestra más de que su gobierno no escucha, no corrige y no tolera la verdad.