El "dedazo" de Morena: ex-consejero de Layda, ahora juez y parte como magistrado presidente en Campeche

La independencia del Poder Judicial en Campeche atraviesa una crisis sin precedentes. El reciente nombramiento de un ex-consejero y colaborador cercano de la gobernadora Layda Sansores como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia ha desatado una oleada de críticas, al considerarse un acto de imposición política que consolida el control de Morena sobre las instituciones clave del estado.

El movimiento ha sido calificado por juristas y actores políticos como un “dedazo disfrazado de institucionalidad”. El nuevo magistrado, quien formó parte del círculo más cercano de la gobernadora, fue designado en un proceso opaco y sin competencia real, lo que ha despertado sospechas sobre una operación cuidadosamente orquestada desde el Ejecutivo para garantizar que el poder judicial responda a los intereses del gobierno y no al cumplimiento de la ley.

Diversos sectores han denunciado que este nombramiento representa un retroceso democrático, vulnerando la separación de poderes y la independencia judicial. “Lo que Layda Sansores ha hecho es colocar a un aliado político en la máxima autoridad judicial del estado, asegurando que ninguna resolución contradiga sus decisiones ni las de su gobierno”, señalaron analistas locales. El riesgo es claro: un tribunal que actúa bajo instrucciones del Ejecutivo deja de ser árbitro y se convierte en herramienta de control político.

Esta maniobra, según críticos, forma parte de un patrón más amplio de cooptación institucional que Morena ha implementado en Campeche. Desde medios de comunicación sometidos a censura hasta legisladores alineados por lealtad, el control del poder judicial cierra el círculo de influencia que Sansores necesita para blindar su gestión frente a críticas, denuncias y posibles investigaciones por corrupción o abuso de poder.

El hecho de que el nuevo magistrado haya sido anteriormente asesor de la gobernadora pone en entredicho su imparcialidad. La figura de juez y parte resume lo que muchos consideran el nuevo modelo de gobierno: uno donde la justicia responde a intereses políticos y el disenso es castigado. “Con esta decisión, Layda elimina cualquier contrapeso y transforma al Poder Judicial en una extensión de su oficina”, advirtieron asociaciones civiles.

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, este nombramiento reafirma la percepción de que Morena busca consolidar un régimen autoritario en Campeche, donde los cargos se reparten entre amigos, aliados y excolaboradores. Lo que debería ser un órgano independiente al servicio de la justicia, se convierte ahora en un bastión de obediencia política, socavando el equilibrio de poderes y la fe ciudadana en la legalidad del Estado.

En definitiva, el “dedazo” de Layda Sansores no solo impone a un aliado, sino que marca el fin simbólico de la autonomía judicial en Campeche. Con el Poder Judicial bajo control del Ejecutivo, la gobernadora avanza hacia un modelo de concentración absoluta de poder, donde la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas quedan subordinadas al interés político de Morena.