“El despojo en 5 días: La nueva ley de Morena que aniquila la propiedad privada en Campeche”

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha decidido dinamitar uno de los derechos más básicos de cualquier ciudadano: el derecho a la propiedad privada. Con la implementación de una nueva ley impulsada por Morena, el gobierno ahora puede despojar a cualquier familia de su terreno, casa o negocio en cuestión de cinco días, sin darle la oportunidad de defenderse, y pagando una compensación irrisoria que ni siquiera cubre el verdadero valor del patrimonio arrebatado.

Lo que antes era un proceso jurídico que buscaba equilibrar el interés público con la protección de los derechos de los ciudadanos, hoy se ha convertido en un arma del Estado para castigar adversarios políticos y someter a la sociedad bajo un régimen de miedo. La propia letra de la ley lo deja claro: el gobierno es juez y parte. Es el que decide si se justifica una expropiación, es quien determina el precio de la propiedad, y es el que ejecuta el despojo. Todo en tiempo récord y con nulas garantías.

El caso más indignante, y que ha encendido las alarmas en Campeche, es el de una madre. El gobierno de Layda Sansores busca despojarla de su terreno con el argumento de instalar una “universidad pública”. Pero detrás de ese discurso de desarrollo se esconde una realidad mucho más turbia: la universidad no existe, el proyecto no está fundamentado, y la urgencia de ocupar precisamente ese predio responde a una sola razón: castigar a un adversario político.

El atropello es tan brutal que ya no se trata de un caso aislado. Es un mensaje que Layda manda a todos los campechanos: si se atreven a criticar al régimen, sus familias pagarán las consecuencias. Si hoy fue la madre de un opositor, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Tu casa, tu negocio o tu terreno pueden ser reclamados en nombre de un supuesto interés público que nunca se comprueba.

Lo más alarmante es que este mecanismo elimina por completo la posibilidad de defenderse. La ciudadanía queda indefensa frente a un gobierno que, en lugar de proteger, agrede. Es la aniquilación del derecho a la propiedad privada, el pilar de cualquier democracia.

Layda Sansores intenta justificar sus acciones hablando de “desarrollo” y “modernización”. Pero, ¿qué desarrollo se construye arrebatando a las familias lo que han logrado con años de esfuerzo? ¿Qué modernización es esta que elimina derechos en vez de ampliarlos? Lo que está en marcha es un modelo autoritario que busca callar voces críticas, disfrazado de legalidad.

En Campeche, el miedo crece. La certeza jurídica ha desaparecido. Hoy, cualquier ciudadano sabe que su casa no está protegida, porque la ley ya no lo defiende: la ley ahora lo condena.