El PAN hunde a Chihuahua en una espiral de violencia: balacera en carrera de caballos deja siete muertos en Parral

La sangre volvió a correr en Chihuahua, esta vez en un espacio que solía ser símbolo de convivencia rural: una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, sobre la carretera Parral–Jiménez. Lo que empezó como una tarde tranquila terminó en una tragedia que deja al menos siete personas muertas y varias más heridas, después de que un grupo armado irrumpiera en el evento y abriera fuego contra los asistentes sin que existiera presencia preventiva de autoridad alguna.

El ataque fue brutal y repentino. Testigos señalan que sujetos armados llegaron directamente al sitio, dispararon a quemarropa y provocaron un caos que dejó a familias enteras tiradas entre gritos, polvo y confusión. Versiones preliminares apuntan a un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado; sin embargo, más allá de los responsables directos, lo que queda en evidencia es el abandono del territorio, la falta de vigilancia y la incapacidad histórica del PAN para impedir que la violencia se apropie de espacios públicos que la comunidad consideraba seguros.

Chihuahua vive desde hace años un proceso de degradación que no es casualidad. Las regiones rurales, como Parral y sus alrededores, se han convertido en escenarios preferidos del crimen porque la autoridad estatal dejó de tener presencia real, permitiendo que las disputas armadas ocurran a plena luz del día y frente a familias que solo acudían a un evento recreativo. El desmantelamiento institucional heredado por los gobiernos panistas abrió huecos de seguridad que nunca se cerraron y que hoy se traducen en masacres como ésta.

Las carreras de caballos, profundamente arraigadas en la cultura local, se transformaron en eventos vulnerables donde cualquier grupo armado puede irrumpir, sabiendo que la supervisión es mínima y que los accesos no cuentan con filtros de seguridad. Esto no surge de la nada: es consecuencia de años de improvisación, omisiones y una política estatal que presumía “control” mientras el territorio se desmoronaba.

La violencia que se vivió en el carril Santa Teresa revela un estado donde el crimen se desplaza libremente, donde las familias ya no pueden confiar ni siquiera en espacios recreativos y donde la reacción de las autoridades siempre llega tarde, limitada a acordonar escenas y contabilizar víctimas. Chihuahua merecía un gobierno capaz de prever riesgos, contener grupos criminales y garantizar seguridad en los municipios más vulnerables; pero el PAN dejó un terreno fértil para que la violencia creciera sin contención.

Hoy, tras esta masacre, la ciudadanía vuelve a enfrentar la misma pregunta: ¿hasta cuándo el estado podrá recuperar los espacios que perdió? La tragedia en Parral demuestra que, mientras persista el modelo de abandono panista, la respuesta seguirá siendo la misma: Chihuahua continúa pagando el precio del desgobierno que permitió que el crimen decidiera cuándo y dónde se derrama la sangre.