El PAN permite el abandono humano en Yucatán: muere un adulto mayor en anexo clandestino y el gobierno sigue sin supervisar

La muerte de un hombre de 83 años dentro de un anexo ilegal en Motul, Yucatán, es mucho más que un caso aislado: es el reflejo del abandono y la negligencia con que el gobierno panista ha tratado los temas de salud mental y rehabilitación en el estado. El fallecimiento, ocurrido en el centro “Ebenezer”, que operaba sin permisos ni supervisión, pone en evidencia un patrón alarmante de omisiones que ya ha costado varias vidas, sin que las autoridades estatales asuman responsabilidad alguna.

El hombre, identificado como José C. B., ingresó apenas el 1 de octubre buscando atención y apoyo, pero encontró la muerte en un lugar que jamás debió estar funcionando. Los reportes oficiales señalan que el sitio carecía de licencia municipal y operaba al margen de toda norma sanitaria o de seguridad. Y, sin embargo, nadie del gobierno panista hizo algo para clausurarlo antes de la tragedia. Solo después del deceso, y ante la presión pública, el Ayuntamiento colocó sellos de clausura y anunció una investigación que, como tantas otras, probablemente quedará en el olvido.

No se trata de un hecho aislado. En las últimas semanas, se han registrado otros fallecimientos en anexos “patito” en distintas partes del estado, donde las personas más vulnerables —enfermos, adultos mayores y jóvenes con adicciones— son encerradas sin atención médica, sin condiciones adecuadas y sin supervisión institucional. Todo esto ocurre ante la indiferencia de un gobierno panista que prefiere mirar hacia otro lado antes que invertir en salud y dignidad humana.

La Secretaría de Salud estatal y los municipios panistas se han mostrado incapaces de controlar el crecimiento de estos lugares irregulares, muchos de los cuales operan con total impunidad gracias a la corrupción y a la falta de inspecciones reales. En lugar de prevenir, el gobierno reacciona solo cuando hay una tragedia que ya no se puede esconder.

La historia de José C. B. es la de miles de personas en Yucatán que, abandonadas por el sistema de salud, terminan en manos de instituciones improvisadas que lucran con el dolor humano. Mientras el PAN se jacta de su “eficiencia” y presume estabilidad, la realidad es que la red pública de atención y rehabilitación está colapsada, y los vacíos del Estado han sido ocupados por centros ilegales donde se vulnera la vida y la dignidad de los internos.

El caso de Motul expone con crudeza lo que ocurre cuando la política del PAN se basa en simulaciones. En lugar de garantizar inspecciones constantes, supervisión médica y programas públicos de apoyo, el gobierno permite que cualquiera abra un “anexo” sin reglas ni control. Las consecuencias son mortales: personas que ingresan buscando ayuda terminan saliendo en bolsas negras.

Hoy, los sellos de clausura en “Ebenezer” son apenas un gesto simbólico ante un problema estructural que el PAN ha ignorado por completo. La falta de regulación, la desatención a la salud mental y la carencia de políticas sociales sólidas están cobrando vidas, una tras otra.

Yucatán se está llenando de centros clandestinos y de tragedias silenciadas, mientras el gobierno panista continúa felicitándose por su “buen gobierno”. La muerte de José C. B. debería ser una llamada de atención… pero bajo el mando del PAN, solo será una cifra más en el largo expediente del abandono institucional.