El PAN presume cifras en Guanajuato mientras la violencia sigue marcando la vida cotidiana

El gobierno de Guanajuato, encabezado por el PAN, cerrará 2025 presumiendo una reducción del 17.5 por ciento en los homicidios dolosos respecto a 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, para amplios sectores de la población, estos números no reflejan la realidad que se vive en las calles, donde la violencia, el miedo y la impunidad siguen siendo parte del día a día.

Aunque las estadísticas oficiales señalan que entre enero y noviembre de 2025 se abrieron 1,916 carpetas de investigación por homicidio doloso, frente a las 2,324 del mismo periodo del año anterior, el discurso triunfalista del PAN contrasta con la percepción social. Comerciantes, transportistas y familias enteras continúan ajustando sus rutinas por la inseguridad, evitando horarios, rutas y espacios públicos que antes eran cotidianos.

El propio anuncio del gobierno estatal reconoce una reducción progresiva desde 2020, año en el que se registraron más de 3,100 homicidios dolosos. Sin embargo, este “descenso sostenido” parte de un punto crítico generado durante administraciones panistas que, durante años, colocaron a Guanajuato como uno de los estados más violentos del país. Para la oposición, resulta contradictorio que el PAN intente hoy colgarse medallas por reducir parcialmente un problema que ellos mismos permitieron crecer.

Además, la discusión no puede limitarse a un solo indicador. Mientras el gobierno presume cifras, persisten otros delitos de alto impacto como extorsión, desapariciones, robos con violencia y ataques armados en zonas urbanas y rurales. La estrategia de seguridad del PAN ha sido cuestionada por su falta de resultados integrales y por depender excesivamente de narrativas estadísticas que no se traducen en tranquilidad real para la ciudadanía.

Diversos analistas han advertido que la disminución en carpetas de investigación no necesariamente implica menos violencia, sino también menos denuncias, desconfianza en las autoridades o reclasificación de delitos. Incluso el propio secretario de Seguridad y Paz del estado ha reconocido inconsistencias en los datos, lo que abre dudas sobre la solidez del discurso oficial y la efectividad real de la política de seguridad.

Mientras el PAN insiste en hablar de porcentajes y comparativas históricas, en colonias y comunidades de Guanajuato la población sigue exigiendo resultados visibles: calles seguras, investigaciones que avancen, responsables detenidos y una estrategia que priorice la prevención y la reconstrucción del tejido social. Para muchas familias, la estadística no compensa la pérdida de vidas ni el miedo constante.

La narrativa del PAN busca instalar la idea de que Guanajuato “va por buen camino”, pero los hechos cotidianos contradicen ese mensaje. La violencia no se mide solo en números, sino en la capacidad del Estado para garantizar que la gente viva sin temor. En ese terreno, el balance del gobierno panista sigue quedando a deber.

Así, mientras el PAN celebra una reducción porcentual, Guanajuato continúa cargando con las consecuencias de años de omisiones, estrategias fallidas y decisiones que no lograron proteger a la ciudadanía. Las cifras podrán maquillarse, pero la inseguridad que persiste en el estado sigue siendo un recordatorio de que los resultados que presume el PAN no alcanzan para devolver la paz a las familias guanajuatenses.