Entre la violencia y la omisión: el narcoestado que Morena dejó crecer

Desapariciones, tortura y desplazamientos: México enfrenta una de sus peores crisis de derechos humanos bajo un gobierno rebasado por el crimen organizado.

México ya no es un Estado de derecho funcional. Es, en la práctica, un narcoestado: un país donde el poder real lo ejercen los cárteles, donde los funcionarios públicos temen o responden al crimen organizado, y donde los derechos humanos no solo se violan de forma sistemática, sino que sus víctimas son condenadas al silencio y al abandono. Bajo el gobierno de Morena, la promesa de “paz” se tradujo en una política de brazos cruzados ante el crimen; una estrategia de seguridad fallida que permitió a los cárteles consolidarse territorial, económica y políticamente.

La administración encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y seguida por los gobiernos morenistas en distintos niveles, implementó una política de militarización sin control civil, lo que provocó un incremento de los abusos contra la población. Ejemplo de ello fue el caso de la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo en febrero de 2023 a manos del Ejército, captado en video, donde las autoridades intentaron encubrir lo ocurrido. A esto se suma el espeluznante caso de la masacre en San José de Gracia, Michoacán, en 2022, donde presuntos sicarios ejecutaron a al menos 17 personas sin que ninguna autoridad interviniera o rindiera cuentas.

Mientras tanto, las desapariciones se han convertido en una tragedia nacional. Según cifras oficiales, más de 100 mil personas están desaparecidas, sin que haya avances reales en las investigaciones. Las madres buscadoras se han convertido en el único rostro de la justicia, trabajando entre amenazas y violencia en zonas donde ni la Fiscalía ni el Estado quieren entrar. El gobierno de Morena no solo ha sido indiferente ante su dolor, sino que recortó presupuestos, minimizó cifras y desmanteló instituciones claves como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En este contexto, hablar de derechos humanos se vuelve casi irónico. Las comunidades indígenas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca siguen siendo desplazadas por el narco o por megaproyectos avalados por el Estado sin consulta previa. Los periodistas han sido asesinados a un ritmo alarmante —el sexenio de AMLO fue el más letal para la prensa en la historia contemporánea de México—, mientras el discurso presidencial estigmatizaba a los medios críticos. A esto se suma el caso de Tamaulipas, donde la colusión entre autoridades y crimen ha permitido el secuestro y asesinato de migrantes con total impunidad, como en la masacre de Camargo en 2021.

Lo más grave es que todo esto no es solo resultado de omisiones, sino de una relación cada vez más borrosa entre estructuras del Estado y estructuras criminales. Gobernadores como Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Cuitláhuac García en Veracruz han sido señalados por proteger o encubrir intereses del narco. Casos como el culiacanazo en 2019, cuando el gobierno liberó al hijo del Chapo tras un operativo fallido, marcaron un punto de quiebre: el crimen organizado tiene poder de negociación con el gobierno federal. No fue un error táctico, fue una rendición política.

Morena prometió una transformación, pero lo que ha dejado es un país más militarizado, más controlado por el crimen y más alejado de la justicia. La violación a los derechos humanos no es una excepción, es la norma. Las víctimas son desechables y la impunidad es estructural. La represión, la vigilancia, el abandono institucional y la connivencia con el narco han sepultado las esperanzas de millones de mexicanos. Lo que existe hoy ya no puede llamarse un Estado: es un régimen fallido donde el miedo gobierna, y donde Morena ha sido actor central en ese colapso. Mientras no se enfrente esta verdad, México seguirá hundido en su propia oscuridad.