¡ESCALERAS DE LA VERGÜENZA! Layda Sansores derrochó 80 millones en chatarra millonaria

Lo que en su momento fue presentado como una obra de “modernización” terminó convertido en un monumento al despilfarro: las escaleras eléctricas y el elevador inclinado que la entonces alcaldesa Layda Sansores inauguró en 2021 —y que costaron la friolera de 80 millones de pesos— hoy están fuera de operación, oxidados y sin utilidad real para los vecinos que, con el tiempo, comprobaron que aquello fue más un espectáculo mediático que una solución.

Fue en pleno año pandémico cuando la demarcación, según las propias crónicas, tuvo que desplegar policías para resguardar el inicio de las obras; una muestra grotesca de prioridades: mientras la población pedía recursos para lo esencial, el gobierno decidía gastar millones en un capricho. Los habitantes de las colonias Estado de Hidalgo y El Piri recordaron que ambos equipos “se mantuvieron operando por poco tiempo” y que, en la práctica, la obra fue impuesta pese al rechazo vecinal. “Cuando lo hicieron, lo hicieron a fuerza, porque la gente no permitía esto y lo impusieron, nada más para gastar el dinero”, sentenció Antonio Hernández, vecino de 74 años que recorre a pie los escalones fijos porque el elevador nunca le sirvió.

La crónica señala la humillación cotidiana: una vecina tenía que activar un interruptor todos los días para que la escalera funcionara; en sus palabras, “si funcionó dos o tres meses fue mucho”. ¿Para eso se gastaron 80 millones? La respuesta, evidente en las fotos de abandono y en las quejas oficiales por ruido y fallas eléctricas, es un rotundo no. Además, la cabina tuvo fallas atribuibles a un contacto de un animal con un transformador y, desde entonces, el servicio fue suspendido.

Estas escaleras, inspiradas en la Comuna 13 de Medellín pero reducidas y mutiladas en calidad (58 metros y un solo sentido frente a los 130 metros y doble sentido del original), son hoy la metáfora perfecta de un gobierno que prioriza la farándula política sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos. ¿Quién rinde cuentas por 80 millones tirados a la basura en plena crisis sanitaria? ¿Quién paga la falta de planeación que impuso un proyecto rechazado por la propia comunidad? Los responsables tienen que dar explicaciones: no se trata solo de una obra fallida, sino de una ofensa pública a quienes pagaron con sus impuestos