Escándalo judicial en Ciudad de México: Mafer Turrent, víctima de violencia, detenida mientras denuncia abuso de poder
El caso de Mafer Turrent, detenida tras denunciar violencia de género, ha provocado un escándalo en la justicia de Ciudad de México. La fiscalía destituyó al responsable de los delitos contra menores, ante la denuncia de manipulación judicial respaldada por poder económico.
1/28/20253 min read


La fiscal Bertha Alcalde Luján ha destituido al titular de la Fiscalía de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera, en medio del escándalo que ha causado el caso de María Fernanda Turrent, conocida como Mafer Turrent. La destitución se produce tras las denuncias de la mujer por violencia de género y los polémicos procesos judiciales en su contra, que incluyen acusaciones de fraude procesal y falsedad en declaración. El caso no solo ha provocado una ola de protestas, sino que también ha puesto al descubierto lo que algunos colectivos y funcionarios denuncian como un patrón de manipulación judicial respaldado por recursos económicos y poder político.
El drama de Mafer Turrent comenzó en 2023, cuando denunció a su expareja, Édgar González, por violencia doméstica. A pesar de ser ella quien había sido víctima de agresión, Turrent enfrentó una serie de demandas legales, entre ellas por retención ilegal de menores, fraude procesal y falsedad. Fue el 22 de enero de 2025 cuando fue detenida y llevada al penal de Santa Martha Acatitla, tras una audiencia en la que, según sus allegados, se ignoraron las pruebas de su abuso y maltrato. La detención de Turrent desató una serie de protestas, tanto de organizaciones feministas como de su propia familia, quienes han difundido pruebas gráficas y sonoras de los abusos que sufrió por parte de González.
Entre los materiales difundidos, Turrent publicó en redes sociales un desgarrador video en el que relató su situación, haciendo énfasis en la violencia que había sufrido durante años a manos de su expareja. En el video, que rápidamente se viralizó, mostró fragmentos de amenazas y agresiones verbales y físicas de González. "Soy Mafer Turrent, por proteger a mis hijos, quieren meterme a la cárcel", dijo en una de sus intervenciones, mientras exponía cómo las autoridades parecían ignorar las pruebas en su favor.
El caso no solo ha sacudido a la sociedad civil, sino que ha llamado la atención de autoridades locales como Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, quien consideró el hecho "indignante" y alertó sobre la posible existencia de un modus operandi en el Poder Judicial que protege a agresores con poder económico. Hernández destacó que este tipo de situaciones se repiten en todo el país, donde los agresores utilizan su influencia para manipular el sistema judicial y continuar ejerciendo violencia sobre las víctimas.
La reacción de la fiscalía capitalina no se hizo esperar. Bertha Alcalde Luján, quien encabeza la Fiscalía de Ciudad de México, destituyó a Miguel Ángel Barrera, fiscal encargado de los delitos cometidos contra menores, argumentando que no se tolerarán prácticas de corrupción o influyentismo dentro del sistema judicial. La fiscal anunció que se están revisando a fondo los procesos judiciales en el caso de Mafer Turrent y otros similares, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y proteger los derechos de las víctimas.
El caso de Mafer Turrent deja al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres que denuncian violencia, especialmente cuando se enfrentan a agresores con recursos y poder. A pesar de los esfuerzos para avanzar en la protección de las mujeres, persisten en la justicia patrones de corrupción y manipulación que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas. El hecho de que una mujer, tras denunciar abuso, termine detenida bajo circunstancias tan cuestionables, refleja la necesidad urgente de reformar el sistema judicial y garantizar que las denuncias de violencia no se vean socavadas por influencias externas. La destitución del fiscal Barrera es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para evitar que el poder y el dinero sigan condicionando los resultados de procesos judiciales, especialmente cuando están en juego la vida y el bienestar de las mujeres y los menores.