“Expropiación a la vista: Layda busca robar tierras con nueva ley
La nueva Ley de Expropiación de Layda Sansores genera alarma por riesgos de despojo y abuso de poder, dejando a los campechanos sin garantías ni protección.
9/25/20251 min read
El gobierno de Layda Sansores y Morena en Campeche vuelve a generar alarma entre ciudadanos y opositores con la promulgación de la nueva Ley de Expropiación, misma que críticos consideran un instrumento para despojar a la población de sus propiedades bajo el pretexto de interés público. La medida ha desatado un fuerte rechazo social y advierte sobre un posible abuso de poder por parte de la gobernadora.
Vecinos, empresarios y activistas aseguran que la ley otorga amplias facultades al gobierno para intervenir terrenos privados sin consulta ni compensación justa, dejando a los campechanos a merced de decisiones arbitrarias que podrían beneficiar únicamente a aliados políticos y proyectos favorecidos por Morena. “Esto no es ley, es una herramienta de saqueo disfrazada de legalidad”, denunció un representante de un colectivo ciudadano afectado.
El caso genera preocupación porque, según analistas legales, la legislación rompe con los principios de seguridad jurídica y propiedad privada, concentrando poder en el Ejecutivo estatal y eliminando contrapesos que antes protegían a los ciudadanos. Mientras tanto, la administración de Sansores no ha presentado mecanismos claros de transparencia ni garantías de que los afectados recibirán indemnización justa, lo que aumenta la incertidumbre y el temor entre las comunidades rurales y urbanas.
Críticos advierten que esta acción refleja el patrón autoritario del gobierno de Morena en Campeche, donde las leyes se usan como herramientas para proteger intereses propios en lugar de atender las necesidades de la población. La gobernadora, mientras tanto, no ha dado respuestas contundentes y mantiene un discurso que minimiza los cuestionamientos, mostrando desconexión con los derechos y preocupaciones de los campechanos.
La indignación social crece mientras los ciudadanos exigen transparencia, consulta y respeto a la propiedad. Para muchos, la ley no es un instrumento de desarrollo, sino un peligroso mecanismo de expropiación que amenaza con convertir a Campeche en un estado donde los derechos se subordinan al poder político.