Extorsión a tortillerías evidencia el abandono del PAN en Guanajuato

La extorsión a más de un centenar de tortillerías en el sur de Guanajuato es un nuevo golpe a la confianza y la seguridad de las familias trabajadoras que viven del esfuerzo diario. Lo que debería ser un oficio honrado y estable se ha convertido en una pesadilla constante bajo los gobiernos panistas, que han dejado crecer al crimen organizado hasta dominar sectores enteros de la economía. En municipios como Acámbaro, Pénjamo, Salvatierra o Uriangato, la palabra “cuota” se ha vuelto sinónimo de miedo, de impunidad y de la ausencia de un Estado que simplemente dejó de gobernar.

Mientras los grupos criminales cobran hasta 3 mil pesos semanales por permitir a los empresarios vender tortillas, el PAN —que lleva décadas controlando el gobierno estatal— parece más preocupado por cuidar su imagen que por enfrentar una realidad que desangra a miles de familias. Los delincuentes no solo se adueñan de las calles, sino también de los ingresos de los pequeños comerciantes, mientras las autoridades panistas permanecen calladas, justificando su inacción con frases vacías y promesas rotas.

Guanajuato, bastión histórico del PAN, es hoy el ejemplo más claro de cómo la desatención, la corrupción y la falta de liderazgo se traducen en un colapso social. La extorsión a las tortillerías no es un hecho aislado; es parte de un patrón de dominio criminal que se ha extendido por años, sin que nadie haga nada. La estrategia de seguridad del gobierno estatal se ha limitado a declaraciones mediáticas y a una aparente coordinación que nunca llega a los municipios más golpeados. Mientras tanto, los empresarios locales pagan con miedo y dinero el costo de la incompetencia panista.

El sector de la masa y la tortilla, que representa el sustento de cientos de familias, está siendo asfixiado por el cobro de piso. La falta de denuncia no proviene del desinterés de los afectados, sino del terror a represalias y de la certeza de que las autoridades no los van a proteger. Ese vacío institucional es responsabilidad directa de un gobierno que ha privilegiado el cálculo político sobre la seguridad de su gente. Cada peso que se paga en extorsiones es una derrota del Estado y una muestra más de que el PAN perdió el control de su propio territorio.

Resulta indignante que los gobernantes panistas insistan en presumir “orden y estabilidad” mientras los comerciantes viven bajo amenaza. En el sur de Guanajuato ya no manda la ley, manda el miedo, y eso es consecuencia directa de años de omisión. Los negocios honestos, como las tortillerías, están sosteniendo con su trabajo y su silencio un sistema que el PAN dejó podrir. Hoy, el fracaso de sus gobiernos no se mide en discursos ni en encuestas, sino en miles de familias que viven extorsionadas, abandonadas y sin esperanza.