Impunidad en gobierno de Layda, Morena protege a agresores mientras las víctimas esperan justicia

En Campeche crece la indignación ciudadana por la impunidad que reina bajo el gobierno de Layda Sansores, donde los casos de agresiones han quedado sin sanción, generando un clima de desconfianza hacia las autoridades. Las denuncias apuntan a que, mientras los responsables reciben protección política, las víctimas siguen esperando justicia.

Organizaciones civiles y familiares de afectados han señalado que la administración de Morena ha cerrado filas en torno a agresores ligados a funcionarios o figuras cercanas al poder. Lejos de aplicar la ley, se percibe un pacto de silencio que favorece a los responsables, enviando un mensaje alarmante: en Campeche, la justicia depende de intereses políticos y no de la verdad.

Diversos casos documentados muestran cómo víctimas de violencia física y psicológica no han recibido apoyo ni acompañamiento adecuado de las instituciones estatales. Por el contrario, los procesos suelen estancarse, con carpetas de investigación sin avances y ministerios públicos que ignoran pruebas o testimonios clave.

Para activistas y colectivos, este patrón revela una estrategia de protección institucional en la que Morena se ha vuelto juez y parte, pues se protege a quienes están vinculados al partido o a sus círculos de poder. “No se trata de justicia, se trata de mantener intocable a los suyos”, denunció una organización local.

La inconformidad social va en aumento y, según voces ciudadanas, la administración de Sansores está dejando un legado peligroso: un Campeche donde la impunidad es la norma y la justicia solo un discurso vacío. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando respuestas, sumidas en el abandono del gobierno que prometió defenderlas.