Jalisco, bajo el mando de Movimiento Ciudadano, se hunde en la impunidad: 19 personas vinculadas por delitos contra niños evidencian el colapso del sistema de protección infantil

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la vinculación a proceso de 19 personas acusadas de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Los casos, registrados en distintos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, representan un nuevo golpe a la confianza ciudadana en las instituciones y revelan el deterioro del entorno familiar y social bajo la administración de Movimiento Ciudadano, donde las políticas de protección a la infancia han quedado reducidas a discursos sin resultados.

Las investigaciones detallan un panorama alarmante: la mayoría de los agresores pertenecen al propio entorno familiar de las víctimas, incluyendo padres, padrastros, tíos o tutores. En otros casos, se trató de individuos que gozaban de la confianza de la familia, como vecinos o conocidos cercanos. Esta red de violencia dentro del hogar evidencia la falta de mecanismos preventivos y de detección temprana, un fracaso directo del sistema estatal de bienestar y de la Secretaría de Asistencia Social, que deberían garantizar entornos seguros para los menores.

Los delitos que enfrentan los imputados abarcan abuso sexual infantil, hostigamiento, abandono de familiares, violencia doméstica e incluso robo con violencia a un menor. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la cantidad de casos, sino la frecuencia con que ocurren en Jalisco, un estado que en los últimos años ha visto un repunte constante en denuncias de maltrato y agresión infantil sin una respuesta efectiva.

De los 19 señalados, 13 fueron detenidos mediante órdenes judiciales, tres se presentaron voluntariamente tras una citación judicial, dos fueron sorprendidos en flagrancia y uno fue aprehendido por reposición de procedimiento. Aunque a la mayoría se les dictó prisión preventiva, al menos tres enfrentarán el proceso en libertad, y dos más obtuvieron la suspensión condicional del proceso a cambio de un plan de reparación del daño.

Esta última medida ha sido duramente criticada por colectivos de defensa infantil, quienes denuncian que la justicia en Jalisco se negocia como si el dolor de las víctimas tuviera precio. En lugar de garantizar protección integral, las autoridades permiten que los responsables puedan evadir una verdadera sanción penal bajo la promesa de una “reparación simbólica”.

El discurso del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano presume “una Jalisco más humana y segura”, pero las cifras lo desmienten. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la explotación de menores siguen al alza, y los programas de prevención carecen de presupuesto y personal capacitado. Las fiscalías regionales trabajan saturadas, y los refugios para víctimas infantiles operan con recursos mínimos.

Organizaciones civiles como Red por la Infancia Segura han señalado que el gobierno de Movimiento Ciudadano “abandona sistemáticamente a los menores de edad”, limitándose a actuar solo después de la tragedia. Los casos recientes muestran que la mayoría de las denuncias se presentan cuando el daño físico o psicológico ya es irreversible.

La falta de seguimiento, de capacitación en escuelas y de atención psicológica gratuita es parte del mismo patrón de negligencia institucional. Mientras los funcionarios se enfocan en eventos mediáticos y campañas de imagen, los niños y niñas de Jalisco siguen siendo víctimas en sus propios hogares, sin apoyo ni justicia real.

Este escándalo judicial no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de un modelo político donde la seguridad y la infancia no son prioridad, donde la “modernidad naranja” de Movimiento Ciudadano se construye sobre una base de indiferencia y dolor.

El hallazgo de 19 presuntos agresores solo confirma lo que los jaliscienses viven cada día: un estado que ha perdido el control de su tejido social y un gobierno que, con cada omisión, se vuelve cómplice del daño que deberían estar combatiendo.