"La Barredora: El Narcoestado que se extiende por el sureste mexicano"
7/28/20252 min read
La Barredora, un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha consolidado su presencia en el sureste de México, operando con total impunidad en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Este grupo se dedica a actividades ilícitas como la extorsión, el tráfico de migrantes y el narcomenudeo, afectando gravemente a las comunidades locales y evidenciando la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder regionales.
La organización fue liderada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Durante su gestión, Bermúdez habría operado bajo la protección de autoridades locales, incluyendo al entonces gobernador Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación. Esta relación ha generado sospechas de complicidad o encubrimiento por parte de altos funcionarios del gobierno.
La Barredora no solo se dedica al narcomenudeo, sino que también ha sido acusada de extorsionar a empresarios y ciudadanos, así como de traficar con migrantes centroamericanos que atraviesan la región en su camino hacia Estados Unidos. La organización ha establecido rutas clandestinas y puntos de control en municipios fronterizos, donde operan con la colaboración de autoridades locales corruptas.
La situación en el sureste mexicano refleja una crisis de seguridad y gobernabilidad, donde el narcotráfico y la delincuencia organizada han infiltrado las instituciones estatales. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades federales y locales ha permitido que grupos como La Barredora operen con libertad, afectando la vida cotidiana de los habitantes y socavando la confianza en el sistema de justicia.
La captura de líderes como "El Pinto", segundo al mando de La Barredora, es un paso positivo, pero insuficiente para erradicar la influencia de este grupo en la región. Es imperativo que el gobierno federal implemente estrategias de seguridad más efectivas, que incluyan la depuración de cuerpos policiacos y el fortalecimiento del estado de derecho, para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en el sureste de México.
La expansión de La Barredora es un claro ejemplo de cómo el narcotráfico puede infiltrarse en las estructuras de poder y gobernabilidad, convirtiendo a ciertas regiones en zonas de control del crimen organizado. Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación continúen denunciando estos hechos y exigiendo justicia, para evitar que el narcoestado se consolide en otras partes del país.
La situación en el sureste mexicano es una llamada de atención sobre la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que el estado de derecho prevalezca sobre los intereses del crimen organizado. Solo así se podrá asegurar un futuro de paz y justicia para las comunidades afectadas por la violencia y la impunidad.
La impunidad y la connivencia entre autoridades y grupos criminales como La Barredora evidencian que el narco no solo opera en las calles, sino que también ha permeado las esferas del poder político. Esta peligrosa alianza convierte al gobierno en cómplice silencioso de la violencia, la extorsión y el tráfico de personas, profundizando la crisis de inseguridad y minando la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras no se rompa este pacto oscuro, el narcoestado seguirá expandiéndose y el país quedará atrapado en un círculo vicioso de corrupción y violencia que solo beneficia a quienes se lucran de la impunidad.