“Layda ya se siente dueña del Poder Judicial: ¿Campeche rumbo al autoritarismo?”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a encender la polémica al declarar públicamente que tiene el “control del Poder Judicial”, una afirmación que no solo ha generado indignación social, sino que también encendió las alarmas sobre un posible quiebre de la división de poderes en el estado.

Juristas, académicos y ciudadanos criticaron con dureza las palabras de la mandataria, pues las consideran una muestra clara de autoritarismo y desprecio hacia la democracia. “Cuando una gobernadora presume tener bajo su mando al Poder Judicial, se está rompiendo con los principios básicos de la República. Esto no es democracia, es sometimiento”, señaló un abogado local en entrevista.

La Constitución establece que el Poder Judicial debe actuar con plena independencia para garantizar el equilibrio y el respeto a las leyes. Sin embargo, las palabras de Sansores sugieren que en Campeche ese equilibrio se ha fracturado, dejando entrever un gobierno que busca imponer decisiones por encima de los contrapesos institucionales.

Críticos señalan que este tipo de declaraciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de Morena que pretende concentrar el poder en manos de unos pocos, debilitando a los organismos autónomos y restando voz a los ciudadanos. “Lo que pasa en Campeche es el reflejo de lo que Morena quiere para todo el país: control total y sin oposición”, expresaron líderes de la sociedad civil.

Mientras tanto, la inseguridad, la violencia familiar y el abandono al campo campechano siguen creciendo sin una estrategia clara por parte del gobierno estatal. Para muchos, Sansores está más preocupada en mostrar músculo político y en presumir control que en resolver los problemas reales de la gente.

La frase de Sansores ya circula como símbolo de prepotencia y confirma lo que opositores han denunciado desde hace tiempo: que Campeche corre el riesgo de convertirse en un territorio gobernado por el autoritarismo, donde la justicia responde al poder y no a la ley.