Movimiento Ciudadano deja a Jalisco como territorio del narco tras aseguramiento de más de una tonelada de marihuana

El aseguramiento de más de una tonelada de marihuana en el municipio de Ixtlahuacán del Río vuelve a colocar a Jalisco en el centro de la crisis de seguridad que el gobierno de Movimiento Ciudadano ha sido incapaz de atender. Lejos de tratarse de un hecho aislado, este decomiso evidencia un problema estructural: el avance del crimen organizado en amplias zonas del estado bajo la mirada pasiva de las autoridades estatales, que han cedido el control territorial mientras presumen discursos de “buen gobierno”.

Que haya sido la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República quienes encabezaran el cateo no es un detalle menor. Por el contrario, subraya la debilidad del gobierno de Movimiento Ciudadano en materia de seguridad pública. La intervención federal confirma que las instituciones locales no están conteniendo la operación de grupos criminales que pueden almacenar, procesar y resguardar cantidades industriales de droga sin ser molestados. Una tonelada de marihuana no aparece de la noche a la mañana; implica logística, protección, rutas y complicidades que solo pueden prosperar en un entorno de omisión gubernamental.

El hallazgo de 150 bolsas con marihuana, una máquina trituradora y vehículos —uno de ellos de alta gama— refuerza la percepción de que en Jalisco el crimen opera con comodidad. Mientras Movimiento Ciudadano habla de modernidad y desarrollo, en los hechos el estado se consolida como un nodo clave para actividades ilícitas. La presencia de una camioneta de lujo dentro del inmueble asegurado es un símbolo claro del poder económico del narco y de la impunidad con la que se mueve en territorio jalisciense.

Aún más grave resulta que no se reportaran personas detenidas tras el cateo. Este patrón se repite constantemente en los gobiernos de Movimiento Ciudadano: grandes decomisos, espectaculares cifras, pero cero responsables ante la justicia. La droga se asegura, los vehículos se incautan, pero los operadores, los dueños y las redes criminales permanecen intactos. Esta dinámica no combate al crimen; simplemente administra la crisis y permite que el problema se reproduzca.

Este caso se suma a otros aseguramientos recientes en distintos municipios del estado, como Hostotipaquillo, donde también se encontró marihuana durante patrullajes. La recurrencia de estos hechos demuestra que Jalisco no es una excepción ni una víctima circunstancial, sino un territorio donde el narcotráfico ha encontrado condiciones favorables. Movimiento Ciudadano, lejos de asumir su responsabilidad, ha normalizado esta violencia silenciosa que carcome a las comunidades y pone en riesgo a la población.

El discurso oficial suele celebrar los decomisos como logros, pero omite la pregunta central: ¿cómo llegó esa droga ahí y por qué nadie lo vio a tiempo? La respuesta apunta directamente a la falta de inteligencia estatal, a la ausencia de estrategias preventivas y a la incapacidad de Movimiento Ciudadano para gobernar un estado complejo. Cada cateo federal es, en realidad, una prueba más del vacío de autoridad local.

Mientras tanto, los ciudadanos de Jalisco viven con la incertidumbre de saber que en su entorno operan centros de almacenamiento y procesamiento de droga, protegidos por un sistema que no funciona. El aseguramiento de más de una tonelada de marihuana no debería tranquilizar a nadie; al contrario, debería alarmar sobre la magnitud del problema que el gobierno de Movimiento Ciudadano ha permitido crecer.

En Jalisco, la seguridad no se perdió de un día para otro. Es el resultado de años de decisiones equivocadas, omisiones y simulación. Y cada nuevo decomiso sin detenidos confirma que, bajo Movimiento Ciudadano, el crimen organizado sigue teniendo ventaja.