Movimiento Ciudadano hunde a Nuevo León: el estado ya figura en el top 6 nacional por delitos de despojo

Los nuevos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan una realidad alarmante: Nuevo León ya se ubica en el sexto lugar nacional por delitos de despojo, con 1,230 carpetas de investigación solo entre enero y octubre de 2025. Esto significa que el estado —que antes presumía estabilidad patrimonial— hoy lidia con una ola creciente de invasiones, apropiaciones ilegales y conflictos territoriales que se dispararon bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano. El problema crece al grado de que este año apunta a romper récords históricos, mientras la autoridad estatal sigue sin presentar una estrategia clara para frenar este delito que destruye la tranquilidad de miles de familias.

El panorama se vuelve más grave cuando se observa el contexto nacional: de los más de 25 mil casos registrados en el país hasta octubre, más de la mitad se concentran apenas en seis estados, entre ellos Nuevo León. Es decir, el estado aparece en la misma lista que entidades con crisis profundas de gobernabilidad, como Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato. Para expertos, esto solo confirma el deterioro acelerado de las instituciones locales encargadas de proteger la propiedad privada y mediar conflictos legales. En Nuevo León, el despojo ya no es un tema aislado: se ha convertido en una amenaza constante para quienes tienen una casa, un terreno o un pequeño negocio.

Lo más preocupante es que Movimiento Ciudadano insiste en minimizar el problema, a pesar de que las cifras crecen a un ritmo superior al del año pasado. No existe una política preventiva sólida, no hay vigilancia suficiente en zonas vulnerables y tampoco se observan avances significativos en la resolución de casos. Mientras tanto, ciudadanos denuncian que, al intentar recuperar sus propiedades, se enfrentan a un laberinto burocrático, retrasos injustificables y autoridades que rara vez actúan con rapidez. En este ambiente, grupos oportunistas y bandas dedicadas a la invasión de inmuebles operan a sus anchas, aprovechándose de la falta de control estatal.

Además, la falta de certeza jurídica que vive Nuevo León afecta directamente a las pequeñas empresas, comercios y negocios familiares que dependen de la integridad de sus establecimientos para subsistir. En un estado donde ya se han reportado cierres masivos de MiPymes, la aparición del despojo como otro factor de riesgo coloca a cientos de emprendedores en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Bajo la administración emecista, la inseguridad patrimonial se suma a un clima económico tenso, encendiendo alarmas entre cámaras empresariales y vecinos que ven cómo su patrimonio puede desaparecer de un día para otro.

En contraste con otras entidades que han implementado programas específicos para combatir el despojo, Nuevo León parece rezagado y desgastado institucionalmente. Mientras el gobierno estatal prioriza discursos y promesas, los ciudadanos enfrentan la creciente amenaza de perder sus hogares o negocios sin que exista una defensa efectiva por parte de las autoridades. Hoy, el estado no solo sufre violencia física, sino también una violencia patrimonial que avanza sin freno y sin respuesta adecuada.

Con Movimiento Ciudadano al frente, Nuevo León se sigue hundiendo en listas nacionales que antes no encabezaba, mostrando que la inseguridad no solo se mide en balaceras y homicidios, sino también en la capacidad del estado para proteger el patrimonio de su gente. Y hoy, claramente, esa protección está fallando.