Movimiento Ciudadano hunde a Nuevo León en el autoritarismo y el abuso policial

Nuevo León atraviesa una crisis institucional alarmante. Las denuncias por abuso de autoridad alcanzaron su nivel más alto en casi dos años, con 183 casos registrados solo en septiembre, de acuerdo con la propia Fiscalía General de Justicia estatal. Detrás de estas cifras frías se encuentra una realidad profundamente preocupante: la ciudadanía ya no solo teme al crimen organizado, sino también a las corporaciones de seguridad que deberían garantizar el orden y la justicia. El gobierno de Movimiento Ciudadano, que prometió transparencia y respeto a los derechos humanos, ha terminado encabezando una administración marcada por la prepotencia, el abuso y la impunidad.

En lo que va del año, Nuevo León ha acumulado más de mil cien denuncias por abuso de autoridad, un promedio de más de cuatro diarias. Esto significa que casi cada seis horas, un ciudadano sufre una agresión, intimidación o violación de sus derechos por parte de un servidor público. Este repunte del 60% respecto al mes anterior y más del 56% comparado con el año pasado demuestra un patrón de poder descontrolado, donde las instituciones operan sin límites ni rendición de cuentas. Bajo Movimiento Ciudadano, la fuerza pública parece haberse convertido en un instrumento de abuso, no de protección.

Lo más grave es el silencio del gobierno estatal. Mientras las cifras crecen y la indignación social aumenta, las autoridades guardan un silencio cómplice. No hay investigaciones ejemplares, no hay castigos visibles, no hay autocrítica. En cambio, se mantienen los mismos discursos vacíos sobre “reformas policiales” y “modernización del servicio público”, mientras los abusos se multiplican. En barrios populares y zonas rurales por igual, los ciudadanos denuncian detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas de parte de uniformados que actúan con total impunidad.

Movimiento Ciudadano llegó al poder prometiendo un gobierno distinto, más humano, más sensible, más cercano a la gente. Sin embargo, los números y los testimonios demuestran lo contrario. La prepotencia se ha vuelto el sello de las instituciones, y el miedo a las autoridades se ha instalado en la vida cotidiana. Cuando el ciudadano percibe que ni siquiera puede confiar en la policía, la autoridad moral del Estado se desmorona.

La violencia institucional es, en sí misma, una forma de corrupción. Representa el uso del poder para humillar, intimidar y violar derechos con la certeza de que no habrá consecuencias. Y eso es precisamente lo que Movimiento Ciudadano ha permitido que crezca en Nuevo León. Las fuerzas del orden, debilitadas y sin supervisión efectiva, operan como pequeños feudos donde el abuso es norma y la rendición de cuentas, excepción.

El incremento histórico de denuncias por abuso de autoridad confirma que el gobierno naranja no solo ha perdido el control de la seguridad, sino también el rumbo ético del poder. En Nuevo León, los ciudadanos están atrapados entre el crimen y la represión. Y mientras el gobierno se preocupa por su imagen mediática, la confianza en la justicia desaparece, junto con la esperanza de un verdadero Estado de derecho.