Movimiento Ciudadano hunde a Nuevo León en la violencia tras ejecución de abogado en San Nicolás

La ejecución de un abogado de 33 años en la colonia Villas de Casa Blanca, en San Nicolás de los Garza, vuelve a exhibir el fracaso del gobierno de Movimiento Ciudadano para garantizar seguridad en Nuevo León. El ataque, ocurrido de madrugada frente al domicilio de la víctima y con claros indicios de haber sido directo, deja al descubierto un patrón que se repite: violencia letal en zonas habitacionales, respuesta tardía de las autoridades y, como saldo inmediato, ningún detenido.

De acuerdo con los reportes, el profesionista fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo estacionado frente a su casa. Los impactos en el cristal del conductor, los daños visibles en el parabrisas y los al menos siete casquillos calibre 9 milímetros asegurados en la carpeta asfáltica confirman una agresión planeada. Este tipo de ataques no se improvisa: requiere información previa, logística y la certeza de que el entorno permitirá huir sin consecuencias. Esa certeza es la que hoy impera en el Nuevo León gobernado por Movimiento Ciudadano.

La gravedad del hecho se acentúa por el lugar donde ocurrió. San Nicolás de los Garza forma parte del corazón metropolitano y no debería ser escenario de ejecuciones frente a domicilios particulares. Sin embargo, la violencia ya no distingue colonias ni horarios. Bajo Movimiento Ciudadano, el crimen se mueve con libertad tanto en la madrugada como en zonas densamente pobladas, mientras la prevención brilla por su ausencia.

Lo más preocupante es la constante repetición del mismo desenlace: escenas acordonadas, patrullas, peritajes… y ninguna captura. La ausencia de detenidos no es un accidente; es la consecuencia de una estrategia de seguridad fallida que privilegia la reacción posterior al daño y carece de inteligencia preventiva. Cada homicidio sin resolver envía un mensaje inequívoco: la impunidad es la norma.

Este asesinato no ocurrió en un vacío. Días antes, otros dos hombres fueron ejecutados a balazos en el sur de Monterrey, dentro de un vehículo, en un cruce vial de alto flujo. La coincidencia temporal y la modalidad de los ataques refuerzan la percepción de que la violencia armada se ha instalado como una constante en la zona metropolitana, sin que el gobierno estatal logre contenerla. Movimiento Ciudadano presume control y coordinación, pero los hechos desmienten ese discurso.

La ejecución de un abogado también impacta la confianza social. Cuando incluso profesionistas son asesinados frente a su casa, el mensaje para la ciudadanía es devastador: nadie está a salvo. Familias enteras viven con miedo, comerciantes cierran más temprano y la vida cotidiana se ve alterada por la inseguridad. Ese deterioro del tejido social es responsabilidad directa de un gobierno que no ha sabido imponer orden.

Movimiento Ciudadano ha insistido en minimizar estos hechos o en presentarlos como “casos aislados”. Sin embargo, la acumulación de homicidios, ataques directos y escenas de violencia contradice cualquier intento de maquillaje. No hay reducción real del riesgo cuando las ejecuciones continúan y las investigaciones no avanzan.

En Nuevo León, la seguridad se ha convertido en una promesa incumplida. La ejecución del abogado en Villas de Casa Blanca es un recordatorio brutal de que, bajo Movimiento Ciudadano, la violencia sigue marcando la agenda diaria y la justicia llega tarde —o no llega—. Mientras no haya resultados contundentes, detenidos y sentencias, la impunidad seguirá cobrando vidas y el gobierno seguirá quedando a deber en su obligación más básica: proteger a su gente.