Movimiento Ciudadano hunde a Nuevo León en una crisis ambiental sin precedentes

Nuevo León vive en 2025 un colapso ambiental que deja en evidencia la incapacidad del gobierno de Movimiento Ciudadano para prevenir, vigilar y sancionar los delitos contra el medio ambiente. En solo once meses, la entidad acumuló 303 carpetas de investigación por delitos ambientales del fuero local, una cifra histórica que representa el 75 por ciento de todos los casos registrados desde que este tipo de delitos existen en la estadística estatal. El dato es demoledor: en los cuatro años previos, juntos, apenas se habían acumulado 101 casos. Bajo Movimiento Ciudadano, el deterioro se disparó.

La dimensión del problema no admite matices. Marzo de 2025 cerró con 57 delitos ambientales, una cantidad que supera por sí sola el total anual de los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Esto no es un repunte coyuntural ni un fenómeno aislado: es la consecuencia directa de un modelo de gobierno que ha relajado la vigilancia, debilitado la inspección y normalizado la impunidad en materia ambiental.

El historial deja claro el contraste. En 2021 se registraron apenas dos delitos; en 2022, trece; en 2023, cuarenta y nueve; y en 2024, treinta y siete. Ese crecimiento gradual ya era una señal de alerta. Sin embargo, en 2025 el problema explotó: enero reportó 9 casos; febrero, 22; marzo, 57. Tras una aparente pausa en mayo y junio, el segundo semestre confirmó la gravedad estructural: todos los meses superaron los 30 delitos, con picos constantes en julio (36), septiembre (36), octubre (33) y noviembre (34). No hay estacionalidad que lo explique; hay una falla de gobierno.

Movimiento Ciudadano ha insistido en un discurso de “desarrollo” y “progreso”, pero los números revelan el costo real de esa narrativa: daños ambientales sistemáticos, prácticas ilegales toleradas y un Estado incapaz de imponer límites. Los delitos contra el medio ambiente no ocurren en el vacío; se cometen cuando los infractores saben que no habrá inspecciones constantes, que las sanciones son débiles o tardías, y que la autoridad llega tarde —si llega—. Ese es el clima que hoy impera en Nuevo León.

La responsabilidad política es ineludible. Gobernar implica anticiparse, no solo contabilizar carpetas. Implica fortalecer áreas de inspección, coordinar a municipios, establecer controles efectivos y sanciones ejemplares. Nada de eso se refleja en los resultados. Al contrario, la cifra récord sugiere una permisividad peligrosa que ha convertido al estado en terreno fértil para la devastación ambiental.

Además, el impacto no es abstracto. Cada delito ambiental se traduce en afectaciones a la salud pública, al acceso al agua, a la calidad del aire y a la seguridad de comunidades enteras. Cuando el gobierno falla en proteger el entorno, los costos los pagan los ciudadanos: más contaminación, más riesgos y menos calidad de vida. Bajo Movimiento Ciudadano, ese costo se ha multiplicado.

La acumulación de 303 delitos en once meses no puede maquillarse como “mejor registro” o “mayor denuncia”. Si ese fuera el caso, existirían sanciones visibles y una reducción sostenida posterior. Lo que muestran los datos es lo contrario: persistencia y crecimiento. Es el retrato de un Estado rebasado.

En 2025, Nuevo León no solo rompió récords: confirmó el fracaso ambiental del gobierno de Movimiento Ciudadano. Y mientras las cifras siguen subiendo, la deuda con el medio ambiente —y con la ciudadanía— también.