Movimiento Ciudadano permite otra invasión violenta en Jalisco: maquinaria pesada, documentos falsos y hombres armados toman un predio en Tonalá

Un nuevo episodio de violencia y despojo sacudió a Jalisco este martes, cuando un grupo armado irrumpió en un predio de alto valor comercial en Tonalá, a unos metros de la Plaza Punto Río Nilo, para invadirlo con maquinaria pesada, materiales de construcción y documentos evidentemente falsificados. Lo ocurrido no solo refleja la audacia de las redes criminales dedicadas al despojo: también confirma el profundo deterioro institucional que arrastra el estado bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano, que vuelve a quedar rebasado mientras estas estructuras operan sin freno.

La invasión inició cuando varias camionetas arribaron con retroexcavadoras, malla ciclónica y postes, acompañadas por hombres armados con rifles que custodiaban cada movimiento. Mientras trabajadores colocaban cercos y removían tierra, los ocupantes utilizaron documentos apócrifos supuestamente emitidos en la década de 1980 para intentar justificar la apropiación ilegal. Cuando un representante legal del predio mostró la documentación auténtica e intentó detener la invasión, los agresores agitaron sus armas en señal de amenaza, obligando a los legítimos propietarios a retirarse para no poner en riesgo su vida.

Es un operativo quirúrgico: violento, rápido, intimidante y diseñado para consolidar el control del terreno antes de que llegue cualquier autoridad. Y es justamente este tipo de actos —cada vez más frecuentes en Jalisco— los que especialistas han señalado como resultado directo de la permisividad institucional que impera bajo Movimiento Ciudadano. Redes criminales especializadas en el despojo actúan como si el estado estuviera sin gobierno: falsifican documentos, estudian estratégicamente los terrenos valiosos y operan con fuerza armada para asegurar su ocupación inmediata.

El académico Francisco Jiménez Reynoso ha advertido desde hace años que en la entidad operan grupos estructurados que investigan predios, falsifican títulos y ejecutan invasiones con una logística que deja claro que no se trata de ocupaciones improvisadas ni de familias necesitadas: es crimen organizado dedicado al despojo patrimonial. La invasión en Tonalá encaja perfectamente en ese patrón.

Pero mientras todo esto ocurre a plena luz del día, Movimiento Ciudadano continúa sin lograr una estrategia que frene estas tomas ilegales. La autoridad municipal se limita a responder llamadas; la estatal llega tarde; y la impunidad queda garantizada porque las invasiones se consuman en minutos con violencia y respaldo criminal. La incapacidad del gobierno emecista para recuperar el control territorial está permitiendo que estas redes sigan avanzando sin resistencia.

Lo sucedido en Tonalá no es un conflicto de propiedad: es una afrenta directa al Estado de derecho, un reto abierto al gobierno estatal y un golpe a la seguridad jurídica de miles de propietarios. Cada invasión que se tolera sienta un precedente más peligroso que el anterior.

La ciudadanía vuelve a quedar expuesta, mientras Movimiento Ciudadano observa —y falla— ante delitos que hoy son parte del paisaje cotidiano en Jalisco.