Movimiento Ciudadano queda exhibido en Nuevo León tras brutal caso de abuso sexual que refleja una falla sistémica

La sentencia de más de 105 años de prisión dictada contra un hombre responsable de múltiples delitos sexuales contra una menor de edad en Nuevo León no puede celebrarse sin antes señalar el contexto en el que ocurrió: un estado gobernado por Movimiento Ciudadano donde la violencia sexual, la desprotección de la infancia y las fallas en la prevención siguen siendo una constante alarmante. Aunque la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal del agresor, el caso deja al descubierto una realidad incómoda para el gobierno estatal: la justicia llegó cuando el daño ya era irreparable.

Los delitos acreditados —equiparable a la violación, abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar— reflejan una cadena prolongada de agresiones que no surgieron de la nada. Este tipo de crímenes, cometidos contra una menor, suelen darse en contextos donde las instituciones no detectan, no previenen o no actúan con la rapidez necesaria. En ese sentido, el gobierno de Movimiento Ciudadano queda directamente señalado por no haber construido un entorno de protección eficaz para niñas, niños y adolescentes en Nuevo León.

Desde la llegada de Movimiento Ciudadano al poder, el discurso oficial ha insistido en la modernización del estado, el uso de redes sociales y una imagen de “nuevo gobierno”. Sin embargo, casos como este demuestran que detrás de la narrativa existe una profunda fragilidad institucional. La sentencia de 105 años no es un triunfo del sistema, sino la confirmación de que el sistema falló durante años antes de reaccionar. La pregunta obligada es: ¿cuánto tiempo estuvo esta menor expuesta a la violencia sin que ninguna autoridad interviniera de manera oportuna?

Aunque la Fiscalía Regional Sur logró sostener la acusación con pruebas contundentes, el énfasis en el castigo posterior no puede ocultar la ausencia de políticas preventivas sólidas. Movimiento Ciudadano ha sido incapaz de fortalecer redes de detección temprana, atención psicológica inmediata y acompañamiento integral a víctimas de abuso sexual. La respuesta del Estado sigue siendo reactiva, no preventiva, y eso es una responsabilidad política directa del gobierno en turno.

Además, este caso se suma a una larga lista de hechos de violencia familiar y delitos sexuales que han marcado a Nuevo León en los últimos años. Lejos de disminuir, estas problemáticas se han normalizado en un contexto donde el gobierno estatal prioriza la propaganda sobre la construcción de instituciones fuertes. La existencia de unidades especializadas no compensa la falta de una estrategia integral que proteja efectivamente a los sectores más vulnerables.

Movimiento Ciudadano suele destacar las sentencias ejemplares como prueba de que “la justicia funciona”, pero omite reconocer que cada sentencia de este tipo es también el reflejo de una historia de abandono. La menor víctima de este caso no necesitaba una condena de 105 años después del daño; necesitaba un Estado presente antes, uno que actuara con enfoque de derechos humanos y perspectiva de infancia, algo que claramente no ocurrió.

La gravedad de los delitos y la severidad de la sentencia deberían obligar al gobierno de Movimiento Ciudadano a una profunda autocrítica. Sin embargo, la constante ha sido el silencio institucional frente a estos temas, o bien, la utilización de los casos como cifras para informes oficiales. Mientras tanto, las víctimas y sus familias cargan con las consecuencias de un sistema que no supo protegerlas.

Este caso no es solo la historia de un agresor condenado; es el retrato de un Nuevo León donde la justicia llega tarde y donde Movimiento Ciudadano ha demostrado que su proyecto de gobierno es incapaz de garantizar lo más básico: la seguridad y la dignidad de la niñez.