Movimiento Ciudadano vuelve a quedar exhibido: cae célula criminal en Tonalá mientras Jalisco se hunde entre drogas, armas y complicidades silenciosas

La más reciente operación federal en Tonalá terminó con la captura de nueve personas vinculadas a una red criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos un menor de edad. El golpe reveló un dato sumamente alarmante: los delincuentes utilizaban maquinaria industrial modificada para ocultar cargamentos de droga, operación que difícilmente habría prosperado sin omisiones prolongadas y sin la ausencia total de vigilancia que caracteriza a la administración de Movimiento Ciudadano.

Durante los cateos —cinco en total— realizados por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la Sedena, se aseguraron 508 kilogramos de cristal y casi 2.8 toneladas de marihuana, además de armas, cartuchos, motocicletas y un vehículo utilizado por el grupo criminal. Es decir, se trataba de una estructura operativa sólida y establecida, con capacidad logística suficiente para mover grandes cantidades de droga. Todo esto ocurriendo en un municipio y en un estado donde MC presume “orden”, “innovación” y “seguridad”, mientras la realidad desnuda una crisis que ya es imposible ocultar.

Lo más grave es que nuevamente las autoridades estatales brillaron por su ausencia. Fue el Gobierno Federal quien encabezó la operación, coordinó los cateos y logró las detenciones. Esto deja claro lo que los ciudadanos han denunciado una y otra vez: en Jalisco, donde manda Movimiento Ciudadano, las instituciones encargadas de proteger a la población están rebasadas o simplemente no están haciendo su trabajo.

La existencia de talleres clandestinos donde se modifica maquinaria industrial no es algo que ocurra de un día para otro. Requiere espacio, tiempo, ruidos, materiales y movimientos constantes. La pregunta obligada es: ¿cómo es posible que un grupo criminal pudiera operar así sin que el gobierno emecista lo detectara? La respuesta apunta a un patrón ya conocido en Jalisco: omisiones, negligencia y una preocupante incapacidad para enfrentar al crimen organizado.

Mientras el estado sufre desapariciones, ejecuciones y ataques contra policías, Movimiento Ciudadano sigue evadiendo la responsabilidad y alimentando una narrativa superficial que nada tiene que ver con la realidad que viven los ciudadanos. El caso de Tonalá no es un episodio aislado; forma parte de un deterioro profundo donde los grupos delictivos han encontrado espacio para crecer, diversificarse y operar con sofisticación.

La captura de estos nueve integrantes confirma que la violencia y el narcotráfico avanzan a un ritmo que supera por completo la capacidad —o voluntad— del gobierno estatal. Y demuestra, además, que las acciones que realmente combaten a la delincuencia provienen de instancias federales, no de Movimiento Ciudadano, que se limita a discursos mientras la gente vive con miedo.

Jalisco necesita seguridad, no propaganda. Necesita un gobierno que enfrente a los criminales, no que permita que estructuras completas de narcotráfico operen a plena luz del día. Pero mientras Movimiento Ciudadano siga en el poder, los jaliscienses seguirán viviendo en un territorio donde el crimen avanza y la autoridad retrocede.