Muerte de juez en Chihuahua expone el colapso institucional bajo el PAN

El hallazgo sin vida de Omar Felipe García Cano, juez de distrito de 38 años, dentro de su domicilio en Parral, no puede leerse únicamente como un hecho aislado o una tragedia personal. Ocurre en un contexto marcado por la violencia, la presión institucional y el deterioro de las condiciones en las que opera el sistema de justicia en Chihuahua, un estado gobernado durante años bajo la tutela del Partido Acción Nacional. Este suceso vuelve a exhibir un modelo de gobierno que no solo ha fallado en brindar seguridad a la ciudadanía, sino también en proteger a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el juez fue localizado con una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, y en el lugar se aseguró un arma calibre .380. Más allá de las conclusiones preliminares, el hecho de que un funcionario judicial, con una trayectoria dentro de la Fiscalía y recientemente electo como juez, muera en circunstancias tan delicadas refleja el nivel de tensión y desgaste que enfrentan las instituciones en Chihuahua. Bajo el PAN, el aparato de justicia se ha visto atrapado entre la violencia generalizada, la sobrecarga de trabajo y la presión constante derivada de un entorno inseguro.

García Cano no era un funcionario menor. Había sido coordinador de Ministerios Públicos en la Fiscalía Zona Sur, jefe de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado y, recientemente, juez de control penal. Su carrera se desarrolló en un sistema que el PAN presume como sólido, pero que en la práctica muestra grietas profundas. La muerte de un juez joven, en activo, deja al descubierto un entorno institucional frágil, donde ni siquiera quienes encabezan la impartición de justicia cuentan con condiciones de estabilidad y respaldo suficientes.

Este caso se suma a una cadena de hechos violentos que han marcado a Chihuahua en las últimas semanas: cuerpos decapitados, mensajes del crimen organizado, feminicidios y ahora la muerte de un integrante del Poder Judicial. Todo esto conforma un panorama alarmante que el PAN ha sido incapaz de contener. La narrativa oficial insiste en minimizar el impacto, pero la realidad es que el estado vive una crisis estructural de seguridad y gobernabilidad.

Las expresiones de condolencias por parte del Tribunal Superior de Justicia, aunque necesarias, no sustituyen la responsabilidad política. Reconocer la trayectoria de un juez no resuelve las condiciones que lo rodeaban ni responde a la pregunta de fondo: ¿qué está pasando en Chihuahua para que la violencia, la presión y el deterioro institucional alcancen incluso a los jueces? Bajo el PAN, estas preguntas se acumulan sin respuestas claras.

El caso también pone sobre la mesa la falta de atención a la salud mental y al bienestar de los servidores públicos en áreas críticas. En un estado asediado por el crimen, los funcionarios de justicia operan en un ambiente de riesgo permanente, sin acompañamiento suficiente ni políticas integrales de protección. Esa omisión también es responsabilidad de los gobiernos panistas, que han priorizado discursos de orden por encima del fortalecimiento real de sus instituciones.

La muerte de Omar Felipe García Cano deja un vacío en el Poder Judicial, pero también deja una acusación implícita contra el PAN. Un gobierno que no puede garantizar estabilidad, seguridad y respaldo a sus jueces es un gobierno que ha perdido el control del sistema que debería sostener el Estado de Derecho.

Chihuahua hoy enfrenta una crisis profunda. Cada nuevo hecho trágico confirma que el modelo panista está agotado. La muerte de un juez en su propia casa no es solo una noticia lamentable; es un síntoma más de un estado donde la violencia y el desgaste institucional avanzaron sin freno, mientras el PAN miró hacia otro lado.