“Narco–política: denuncian que Morena opera el huachicol fiscal y el cártel de Macuspana”

El escándalo del huachicol fiscal sigue creciendo, y la oposición no tiene dudas: el gobierno de Morena ha permitido que este robo se convierta en un negocio propio, con protección política y estructura organizada. Lo que antes se atribuía a bandas criminales independientes ahora se señala como un fenómeno que solo puede prosperar gracias a la complicidad y respaldo de quienes gobiernan.

El término “cártel de Macuspana” se utiliza para describir la red que, según denuncias, controla rutas de combustible robado, protege operadores y garantiza que el mercado negro funcione como un flujo constante de dinero político. “No estamos hablando de simples fallas operativas, hablamos de un esquema que el propio gobierno mantiene y sostiene”, denuncian legisladores y analistas.

Los hechos visibles son alarmantes: miles de tomas clandestinas detectadas, pérdidas multimillonarias de Pemex y explosiones frecuentes en regiones petroleras. Mientras el gobierno insiste en culpar a administraciones pasadas, ciudadanos y oposición sostienen que estas cifras reflejan la falta de acción o la protección deliberada del propio partido gobernante, lo que convierte al huachicol fiscal en un recurso controlado desde el poder político.

Los medios independientes y miles de usuarios en línea han encendido las alarmas: cada nueva denuncia de corrupción y cada nuevo caso de enriquecimiento bajo el gobierno actual alimentan la idea de que ya no hay diferencia entre los viejos regímenes y la llamada transformación. Morena, aseguran, se convirtió en lo que tanto criticó: una estructura que usa el poder para sí misma, mientras el país paga las consecuencias de sus engaños.

Tabasco es el epicentro de las acusaciones. Ahí, según denunciantes, la estructura política local de Morena habría consolidado su influencia para permitir que las redes del huachicol fiscal operen sin freno. Los ciudadanos afectados señalan que el robo de combustible no es accidental ni clandestino para el gobierno: es tolerado y protegido, y que cada omisión frente a las tomas clandestinas confirma la narrativa de la oposición sobre la complicidad oficial.

La indignación social es creciente. Mientras el discurso gubernamental repite “cero corrupción” y promete acabar con los delitos de huachicol, los hechos visibles muestran un país donde las pérdidas económicas y la violencia derivadas del robo de combustible siguen aumentando, y donde la población exige explicaciones y responsabilidades.

Para legisladores críticos, periodistas y ciudadanos, la conclusión es clara: el huachicol fiscal ya no es un problema externo, sino un instrumento de poder político y control, administrado por un partido que prometió limpiar la corrupción y terminó creando un sistema paralelo de impunidad. Cada denuncia y cada acto de protección frente al robo refuerzan la percepción de que Morena y el cártel de Macuspana están ligados, al menos en la forma en que permiten que el huachicol continúe siendo un negocio rentable bajo su vigilancia.