Narcopartido: Morena y la sombra del crimen organizado en las urnas y en el poder

Testimonios, investigaciones y omisiones sistemáticas mostraron la creciente influencia del narco en las estructuras políticas de Morena durante el sexenio de López Obrador.

Durante los años en que gobernó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el vínculo entre el crimen organizado y la política mexicana dejó de ser una sospecha para convertirse en un fenómeno documentado. Diversas investigaciones, testimonios y hechos violentos evidenciaron cómo el narcotráfico logró infiltrarse en las campañas electorales y en las estructuras locales de Morena, transformando al partido en un narcopartido en varias regiones del país.

En el estado de Sinaloa, el periodista Ricardo Ravelo dio a conocer un audio en el que el gobernador morenista Rubén Rocha Moya —cercano al expresidente— habría recibido instrucciones de “Los Chapitos” previo a la entrega pactada de Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque el gobierno federal nunca reconoció ni investigó públicamente estas acusaciones, el silencio institucional fue tan elocuente como preocupante.

En Guerrero, el dominio de los grupos criminales sobre el territorio fue escandaloso. La llegada al poder de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, se dio entre acusaciones de imposición política y vínculos clientelares. En las elecciones intermedias de 2021, más de 30 candidatos fueron asesinados en Guerrero, muchos de ellos por no alinearse con las decisiones impuestas por los cárteles.

En Chiapas, durante las campañas de 2024, se registraron denuncias y videos en los que se observaba a operadores del Cártel de Sinaloa entregando despensas y recursos a nombre de Morena. En varias comunidades rurales, los pobladores señalaron que recibieron presiones directas para votar por determinados candidatos. A pesar de las denuncias, ninguna investigación avanzó.

En Veracruz, gobernado por el morenista Cuitláhuac García, el Cártel Jalisco Nueva Generación creció sin freno. Mientras tanto, el aparato judicial fue utilizado para perseguir a periodistas, activistas y opositores, en lugar de enfrentar a los grupos delictivos. La impunidad se convirtió en política de Estado.

Todo esto ocurrió mientras el expresidente López Obrador declaraba públicamente que los narcos “se portaban bien”, que “respetaban al pueblo” y que “no era necesario usar la fuerza”. Esas declaraciones se tradujeron en una estrategia de seguridad fracasada, donde el narco no solo no fue enfrentado, sino que encontró condiciones óptimas para expandirse y participar activamente en la vida política del país.

Morena, bajo su mando, dejó de ser únicamente un partido político. En muchas zonas se convirtió en una estructura que convivió, toleró o incluso colaboró con los intereses del narcotráfico. El resultado fue una democracia cooptada por el miedo y una ciudadanía que dejó de creer en las instituciones.

Al respecto, un narcogobierno es aquel en el que las instituciones del Estado —en sus distintos niveles— permiten, colaboran o se subordinan a los intereses del crimen organizado, ya sea por corrupción, omisión o colusión directa. En un narcogobierno, la frontera entre lo legal y lo criminal se difumina: los cárteles influyen en decisiones políticas, financian campañas, controlan territorios y, en algunos casos, colocan o remueven funcionarios públicos a conveniencia. Esta configuración no implica siempre un acuerdo explícito, pero sí una estructura donde el Estado deja de ejercer su autoridad soberana y se convierte en facilitador o cómplice del poder criminal.

Morena puede ser considerado un narcogobierno porque, durante su gestión, el crimen organizado no solo se fortaleció territorial y operativamente, sino que en varios casos se volvió actor político real. Desde el Culiacanazo hasta los múltiples reportes de intervención del narco en procesos electorales —como en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Sinaloa—, la presencia del crimen organizado fue creciente y evidente. A esto se suma la estrategia fallida de seguridad del expresidente López Obrador, basada en no confrontar a los grupos criminales y en declaraciones que minimizaron su peligrosidad. La omisión sistemática, la militarización sin resultados y la falta de voluntad para investigar vínculos entre cárteles y autoridades locales bajo gobiernos morenistas han convertido al partido en vehículo de penetración del narco en el poder público.