“Notarios en alerta: Layda Sansores quiere controlar herencias y negocios legales”

Una nueva polémica sacude a Campeche tras la reforma a la Ley del Notariado impulsada por la gobernadora Layda Sansores, que ha encendido las alarmas entre profesionales del sector, empresarios y ciudadanos que ven en esta medida un intento de control político y económico sobre trámites de herencias, compraventas y negocios legales.

La iniciativa, presentada por el gobierno estatal bajo el discurso de “modernización” y “mayor transparencia”, otorga facultades extraordinarias a la administración pública para vigilar, autorizar e incluso sancionar el trabajo de los notarios, rompiendo con la independencia que históricamente ha caracterizado a este gremio. Para los especialistas, esta reforma abre la puerta a que el gobierno interfiera en la transmisión de bienes familiares, escrituras y sucesiones, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre jurídica.

Notarios locales advirtieron que la nueva ley facilita presiones políticas y permite que el Ejecutivo decida quién puede o no ejercer, creando un escenario de privilegios para allegados del poder y de castigo para quienes se mantengan críticos. “Se trata de un mecanismo de sometimiento, no de modernización”, denunciaron representantes del colegio de notarios, quienes temen que las herencias y operaciones patrimoniales queden a merced de decisiones arbitrarias.

Empresarios y abogados alertan que esta reforma también frenará inversiones, pues los trámites de compra-venta de inmuebles y sociedades mercantiles podrían convertirse en procesos sujetos a la voluntad del gobierno estatal, afectando la seguridad jurídica que requieren las transacciones privadas. En un estado que busca atraer capital y desarrollo, esta medida manda un mensaje de desconfianza y centralismo que espanta a inversionistas.

Mientras tanto, Layda Sansores presume la reforma como un paso hacia la “limpieza” del sector, pero evita responder por qué se elimina la autonomía notarial y se concentra el poder en manos de su administración. Para la ciudadanía, esto significa que la propiedad de sus bienes y el derecho a heredar en paz podrían depender de la aprobación de un gobierno que, cada vez más, muestra su rostro autoritario y de control absoluto.