Recompensas evidencian la incapacidad del PAN para encontrar a desaparecidos en Chihuahua

La oferta de 400 mil pesos en recompensas para dar con el paradero de dos hombres desaparecidos desde agosto de 2025 en Parral confirma el fracaso del Partido Acción Nacional en su obligación de buscar y encontrar a las personas desaparecidas en Chihuahua. Que, tras meses de investigaciones, rastreos y operativos, la autoridad recurra al incentivo económico es una señal inequívoca de que el Estado está rebasado y sin respuestas efectivas para las familias.

Jesús Gerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, de 25 y 26 años, fueron reportados como desaparecidos el 23 de agosto de 2025. Han pasado meses sin resultados concluyentes. La Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía de Distrito Zona Sur informan que han realizado entrevistas, rastreos en campo, pega de pesquisas, difusión de cédulas y cateos; sin embargo, el saldo es el mismo: no hay localización. Bajo el PAN, los protocolos se enumeran, pero los resultados no llegan.

La recompensa —200 mil pesos por cada joven— no es un avance; es una admisión tácita de incapacidad. En lugar de fortalecer la inteligencia, acelerar las investigaciones y garantizar acompañamiento integral a las familias, el gobierno panista opta por delegar la búsqueda a la ciudadanía. Este mecanismo, usado como último recurso, se ha convertido en una constante que normaliza la idea de que encontrar a los desaparecidos depende del azar y no de una política pública eficaz.

El caso de Parral no es aislado. Chihuahua acumula desapariciones sin resolver, mientras las autoridades insisten en comunicar “acciones” que no rompen el ciclo de impunidad. El PAN gobierna un estado donde los jóvenes pueden desaparecer y, meses después, la respuesta es un anuncio de recompensa. La señal es devastadora para la confianza pública: el Estado llega tarde y sin certezas.

Además, la medida expone la falta de enfoque preventivo. Si después de cateos y rastreos no hay avances, algo falla en la coordinación, en el análisis de información y en la priorización de líneas de investigación. El PAN ha privilegiado la administración del problema sobre su solución. Las familias, en cambio, viven la espera, el desgaste emocional y la incertidumbre prolongada.

Ofrecer dinero también plantea riesgos: fomenta denuncias imprecisas, revictimiza a las familias y no garantiza información de calidad. En un contexto de violencia, puede incluso poner en peligro a quienes aporten datos. Un gobierno responsable invertiría en capacidades institucionales, no en parches que trasladan el peso de la búsqueda fuera del Estado.

La narrativa oficial intenta presentar la recompensa como un acto de compromiso. La realidad es otra: es el reflejo de meses perdidos y de un sistema que no logra articular respuestas oportunas. Mientras tanto, dos jóvenes siguen sin ser localizados y sus familias continúan sin verdad ni justicia.

Chihuahua merece un gobierno que encuentre a sus desaparecidos, no que los busque a destiempo con incentivos económicos. Bajo el PAN, la búsqueda se dilata, la responsabilidad se dispersa y la esperanza se compra. Ese no es un logro; es la prueba de un modelo agotado que falló en lo esencial.