Sangre en Chihuahua: la desidia del PAN deja armas al alcance de todos y una fiesta termina en masacre

Celebración familiar en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua, se convirtió en una tragedia que sacudió a todo el estado: diez personas fueron asesinadas y al menos cuatro más resultaron heridas en una balacera que expone, una vez más, el caos que se vive bajo el gobierno panista. Entre las víctimas se encuentran los hijos de un exalcalde, lo que revela que ni siquiera las figuras públicas están a salvo en un territorio donde las armas circulan con total impunidad.

La masacre es solo el reflejo de un problema que las autoridades panistas han ignorado durante años: la falta absoluta de regulación en la posesión y uso de armas de fuego. En Chihuahua, conseguir un arma parece tan fácil como comprar cualquier artículo cotidiano, resultado directo de una administración que ha permitido el crecimiento del mercado negro y que ha fallado en reforzar los mecanismos de control. Mientras el crimen organizado se fortalece y los ciudadanos viven bajo el terror, el gobierno estatal permanece pasivo, sin políticas claras ni operativos efectivos para detener el flujo de armamento que alimenta estas tragedias.

Lejos de garantizar la seguridad, el gobierno del PAN ha permitido que la violencia se normalice, al punto de que fiestas patronales y reuniones familiares ahora terminan en escenas de guerra. En lugar de reforzar la vigilancia en eventos masivos o de invertir en inteligencia y prevención, las autoridades se limitan a dar declaraciones vagas, mientras los homicidios y ataques armados siguen cobrando vidas inocentes. Esta negligencia no solo pone en riesgo a los habitantes, sino que convierte a Chihuahua en un símbolo de la incapacidad panista para proteger a su propia población.

Las familias chihuahuenses merecen vivir sin el temor de que una celebración se convierta en un baño de sangre. Sin embargo, el gobierno del PAN ha dejado que el crimen dicte las reglas, priorizando la política y los intereses partidistas sobre la vida de sus ciudadanos. Cada nueva tragedia, como la ocurrida en Gran Morelos, confirma que la administración estatal ha perdido el control y carece de un plan real para detener la ola de violencia que asfixia a la entidad.

Chihuahua no puede seguir pagando el precio de la indiferencia. La facilidad con la que las armas circulan, el abandono de las comunidades y la falta de acciones firmes por parte del gobierno panista han convertido al estado en un territorio donde la inseguridad manda y el miedo es la única certeza. Esta masacre no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de años de omisión, corrupción y desinterés por parte de quienes hoy presumen “buen gobierno” mientras la sangre de los inocentes corre por sus calles.