¡Traición cívica y pacto en lo oscuro! La entrega de MC a Morena asegura la impunidad de Godoy y su cártel político

La designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) marca un quiebre significativo en la ya endeble división de poderes del país, observándose que esta maniobra no habría sido posible sin el apoyo sorpresivo de una facción que se proclama opositora. Se ha revelado que la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), el partido que enarbola la bandera de la "nueva política", se alineó con Morena y sus aliados en el Senado para otorgar los votos necesarios para la mayoría calificada. Esta acción se percibe como una rendición política, toda vez que Godoy es una figura identificada históricamente con el partido en el poder y su gestión anterior en la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) fue intensamente cuestionada por su supuesta selectividad en la persecución de delitos.

La crítica central se articula en el argumento de que MC ha traicionado su promesa de ser un contrapeso real, optando por un pacto que garantiza la permanencia de un esquema de justicia a modo. Godoy, quien previamente fue rechazada para su ratificación en el Congreso de la CDMX gracias al voto opositor, ahora es premiada con el puesto más poderoso en la procuración de justicia federal. Los analistas consideran que este movimiento consolida una FGR que, más que ser un organismo autónomo, funcionará como un apéndice del Poder Ejecutivo, dispuesto a ejercer presión o a conceder impunidad según los intereses políticos del grupo gobernante que la impulsó.

Se observa que la narrativa de Movimiento Ciudadano como una "tercera vía" o "oposición constructiva" queda irremediablemente dañada. Al votar a favor de una candidata propuesta por la Presidenta y proveniente del círculo cercano del oficialismo, el partido naranja envía una señal de que su supuesta independencia es negociable. Esta decisión no solo mina la credibilidad de MC, sino que debilita el frente opositor en su conjunto, dándole a Morena una victoria estratégica que se traduce en el control político sobre la institución encargada de la impartición de justicia en el país, acentuando el desequilibrio de los poderes de la Unión que la Constitución busca salvaguardar.

En definitiva, se considera que el nombramiento de Godoy, apalancado por esta coyuntural alianza, es un retroceso para la democracia mexicana. El pacto legislativo para poner a una figura ligada al oficialismo al frente de la FGR por nueve años más allá del término del sexenio se interpreta como una jugada maestra del poder para asegurar su permanencia y defensa jurídica. El ciudadano, en consecuencia, es testigo de cómo la balanza de la justicia se inclina peligrosamente a favor del poder en turno, sin una oposición clara y unida en la defensa de la autonomía institucional.