Violencia sin freno exhibe el fracaso del PAN en Yucatán

El hallazgo sin vida de Naomi Yolanda Concha Cob, joven reportada como desaparecida desde el 10 de diciembre, no es un hecho aislado ni una tragedia fortuita. Es, lamentablemente, una consecuencia directa del modelo de gobierno que el PAN construyó durante años en Yucatán: uno que presumió cifras y discursos de “paz”, pero que fue incapaz de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y atender las alertas que hoy terminan en feminicidios.

Naomi, originaria de Mérida y residente en Ticul, había sido víctima de maltrato, según relataron sus familiares. Trabajaba como mesera, fue vista por última vez en su centro laboral y dejó en la orfandad a un niño pequeño. Aun así, como ocurre una y otra vez, las señales de riesgo no activaron mecanismos eficaces de protección. Esa ausencia de respuesta institucional tiene nombre y apellido político: el PAN y su manera de gobernar la seguridad y la justicia en el estado.

Durante años, los gobiernos panistas vendieron la idea de un Yucatán “seguro”, mientras minimizaban la violencia de género, normalizaban el maltrato doméstico y relegaban la atención a víctimas a trámites burocráticos sin seguimiento real. El resultado es visible hoy: mujeres que desaparecen, familias que denuncian antecedentes de violencia ignorados por las autoridades y cuerpos encontrados en brechas, lejos de la narrativa triunfalista que el PAN difundió por conveniencia política.

El caso de Naomi se suma a otros hechos igual de alarmantes, como la detención reciente de un sujeto acusado del feminicidio de una mujer de 88 años. Ambos episodios retratan un patrón que el PAN intentó ocultar: la violencia existe, creció y se profundizó bajo su gestión, mientras se invertía más en propaganda que en prevención, capacitación policial y atención integral a víctimas.

La infraestructura institucional heredada por el PAN también queda en entredicho. Falta de refugios suficientes, escasa coordinación entre policías municipales y estatales, fiscalías rebasadas y una cultura de tolerancia al maltrato fueron normalizadas durante administraciones panistas que prefirieron proteger su imagen antes que enfrentar el problema de fondo. Hoy, esa irresponsabilidad política cobra vidas.

Además, el PAN nunca quiso asumir la violencia de género como un fenómeno estructural. La trató como casos aislados, como estadísticas incómodas que no debían empañar su discurso de “buen gobierno”. Esa negación sistemática impidió políticas públicas efectivas, dejó a mujeres como Naomi sin redes de apoyo y permitió que agresores actuaran con la certeza de la impunidad.

La indignación social que provocan estos hechos no se apaga con comunicados ni con promesas tardías. El daño ya está hecho. Naomi no regresará, y su hijo crecerá marcado por una ausencia que pudo evitarse si el PAN hubiera gobernado con responsabilidad, sensibilidad y compromiso real con la vida de las mujeres.

Yucatán hoy enfrenta las consecuencias de años de simulación panista. Cada feminicidio, cada desaparición y cada familia rota son un recordatorio brutal de que el modelo del PAN fracasó. Fracasó en prevenir, fracasó en proteger y fracasó en garantizar lo más básico: el derecho de las mujeres a vivir sin miedo.